fernando_acero (![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small} fernando_acero) wrote,@ 2007-04-16 19:49:00 |
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Contestación a D. Rafael Chamorro
Contestación a D. Rafael Chamorro
D. Rafael Chamorro ha contestado en su blog a mi artículo titulado "Me cuesta pensar que estoy equivocado, LAECAP". Su intención ha sido la de hacer algunas puntualizaciones, pero he tenido la sensación de que se refiere a otro artículo distinto al mío, y que me atribuye a mi y a la Comunidad de Software Libre, cosas que hemos dicho, ni reclamado, durante el trámite de la LAECAP. Además, me he preocupado cuando hay gente que considera que le he puesto al caldo (no era mi intención) y que además, se subroga a algunas afirmaciones suyas, que creo que poco tienen que ver con mi artículo. Por este motivo, he pensado conveniente hacer una réplica, algo que pensaba que no sería necesario ya que estoy convencido de que mantenemos posturas cercanas y que las discrepancias vienen de hablar de cosas distintas aplicadas al mismo caso. Como D. Rafael ha organizado su contestación por puntos, haré lo mismo para que el lector no se pierda en mis argumentos. Ante todo, quede claro que como dijo Robert A. Einlein: " Nunca aprendí nada de alguien que estuviera completamente de acuerdo conmigo". Siento que la contestación sea larga, pero el caso la merece.
Primero. Estimado Rafael, yo en ningún momento he manifestado que usted perteneciera a la Administración, o que hablase en nombre de ninguna asociación. Simplemente he dicho que usted fue presidente de ASTIC, ni siquiera digo que actualmente usted es miembro de su Junta Directiva.
Segundo. Yo tampoco he dicho que usted pertenezca a ningún partido político. Estoy de acuerdo con que la politización de la tecnología es un problema. Desgraciadamente, las grandes decisiones tecnológicas las están tomando los políticos y son ellos los que están legislando el futuro tecnológico de este país. Es algo con lo que tenemos que vivir y ello implica un mayor trabajo, hacerles ver lo que significa y las implicaciones para la sociedad de las tecnologías.
Tercero. En ningún momento he planteado en mi artículo que se deba prohibir el uso de otros formatos por parte de los usuarios. Yo he dicho, que la tecnología de la Administración ha de ser transparente para el usuario y no la del usuario para la Administración, creo que está claro. Por supuesto no sería un problema que un usuario enviase un documento en "formato propietario X", si luego la Administración lo tratase en base a lo que se dice en los "Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades.", una cosa no implica lo otro. Además, como bien sabe, el tema de los estándares es mucho más amplio el problema con los formatos de archivo y que yo vengo de la Comunidad de Software Libre, por lo que lo mio no es cortar libertades a nadie. No obstante, esta libertad también implica un mayor coste y trabajo para la Administración.
Sí es cierto que en mis conclusiones digo "me reafirmo en mi tesis de que en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, no se debe usar otro término que no sea "estándares abiertos". Pero si usted ha leído mi artículo detenidamente, verá que esta afirmación se se justifica en base a cuatro hechos nada triviales y que no son fruto de argumentos propios:
a) En la documentación del MAP y de la Comisión Europea no aparece otro término que no sea "estándar abierto". (explicado en mi artículo).
b) La clara dificultad para definir con precisión el término "estándar de uso generalizado por los ciudadanos". (explicado en mi artículo)
c) El hecho no trivial de un estándar puede definir un formato, pero que no todos los formatos usados de forma generalizada por los ciudadanos no son estándares. Es decir, el uso de un formato de archivo de forma generalizada, no lo convierte automáticamente en un estándar. Hace falta algo más, por ejemplo una definición del mismo. (algo que no comento en mi artículo pero que es trivial).
d) Que el termino estándar de uso generalizado también incluye estándares abiertos, así como estándares cerrados, por lo que no aclara con precisión el uso alternativo de nada. (explicado en mi artículo)
Quiero que se de cuenta de que no estamos hablando de lo mismo. Mientras yo hablo de la Administración, usted habla de los ciudadanos. También quiero que comprenda que mi postura no implica que "se prohíba nada al ciudadano". Intentaré explicarlo seguidamente.
Hay dos libertades o derechos en esta discusión:
a) Acceso universal a los servicios (el que yo intento defender en mi artículo).
b) Neutralidad tecnológica o la transparencia de la administración electrónica (el que usted defiende y que usted cree equivocadamente que yo no defiendo).
De esa libertad a la que usted hace referencia, ya había hablado antes en mi artículo "No entienden lo que es neutralidad tecnológica". Quizás, mi error ha sido no volver aquí sobre este asunto y no lo hice al considerar que mi defensa de la primera libertad en nada afectaba a la segunda. Este punto estará de acuerdo en que defiendo lo mismo que usted y que las criticas eran injustas, pero le diré más, lo que yo defiendo, es lo mismo que ha defendido Hispalinux y gran parte de la Comunidad de Software Libre durante el trámite de la LAECAP, por lo que considero que algunas críticas son injustas. Que conste que no estoy hablando de algún comentario de foro. En otra ocasión ha hablado de la importancia de la calidad frente a la cantidad y de que el prestigio también debería tener su peso en los comentarios. Es más, le diré que actualmente la Comunidad de Software Libre se autoregula bastante bien, llegando a corregir por ella misma, a los que mantienen posturas extremistas y como bien dice usted en tus comentarios, inviables. No deja de ser curioso, que la misma persona que corrige, haya sido acusado de extremismo en uno de los comentarios de su blog, sorpresas que da la vida.
Es decir, desde hace tiempo se defiende por la Comunidad de Software Libre en general y por Hispalinux en particular, que la Administración debe comprar lo más adecuado en base a los criterios de una buena administración y el contenido de las Leyes Del mismo modo, también se defiende la "neutralidad tecnológica" es decir, que los usuarios puedan usar lo que deseen para comunicarse con la Administración. Otra cosa es que las adquisiciones y decisiones de la Administración no se tomen en base a esos criterios y con ello, tengamos situaciones tan escandalosas como se denuncian en el segundo informe de neutralidad tecnológica en la Administración, que como verdadera piedra de toque, demuestra que algo falla en todo esto. Sí, algo falla cuando se logra una posición de consenso y luego las cosas no se materializan como debieran. Es una pena que sea necesario poner en una Ley, lo que debería ser tan evidente para todos y un derecho de los ciudadanos. Desgraciadamente, en muchos casos estamos hablando de una imposibilidad absoluta de acceder a determinados servicios de la Administración si no se es cliente de determinada tecnología propietaria, eso es inadmisible en un estado de derecho.
Como he dicho antes, "la tecnología de la Administración ha de ser transparente para los usuarios, no debe ser el usuario transparente para la Administración", con todo lo que ello implica y que claramente está en línea con lo que usted mantiene y en cierto modo, me acusa de no mantener yo, o la Comunidad de Software Libre.
Ahora quiero que se de cuenta de que estamos hablando de un tema legal y que hay considerar el ámbito de aplicación de la Ley. En este caso no hace falta buscar el contexto en la exposición de motivos, o en el articulado anterior, en el artículo al que yo me refiero en mi artículo se dice claramente "Las administraciones públicas utilizarán...", está claro, este artículo solamente habla de la Administración y donde la Ley no distingue no cabe distinción. Es decir, este artículo no dice nada de los derechos de los ciudadanos, o de la tecnología que puedan usar para relacionarse con la Administración.
Si la redacción final es "Las administraciones públicas utilizarán estándares abiertos" se garantizaría la primera libertad, es decir, se garantizaría sin reservas el acceso universal a los servicios. Al referirse a la Administración en exclusiva, esta redacción en principio no limitaría ningún derecho de los ciudadanos. Ahora bien, la redacción final ha sido "Las administraciones públicas utilizarán estándares abiertos y de forma complementaria estándares de uso generalizado por los ciudadanos", pues contrariamente a lo que pueda parecer, no proporciona ninguna libertad a los ciudadanos, Rafael, piénselo bien puesto que esto es crucial. Solamente estamos dando la posibilidad de que Administración pueda enviar un documento a un ciudadano utilizando un estándar usado de forma generalizada (ojo que no dice formato y que cosas que la gente puede pensar que están incluidas no lo están). Por otra parte, utilizar "uso generalizado", permite una exclusión de una parte de la sociedad, lo que es un problema, que afortunadamente está matizado mediante "complementaria", pero lo considero algo insatisfactorio. De verdad, es una pena que en el intento de conseguir la segunda libertad, algunos se hayan empecinado en criticar sin valorar, usando como argumentos los tópicos de siempre sobre la Comunidad de Software Libre. Al final, lo único que han conseguido es algo que no tiene nada que ver con lo que pretendían y han logrado que la Ley tenga una redacción inadecuada y ambigua.
¿Qué es lo que se debería hacer para garantizar las dos libertades que a usted y a mi nos interesan?. Bien, lo primero sería segurar lo más básico, es decir, que todo el mundo pudiera acceder en igualdad de condiciones a la Administración. Para ello, la Administración, como dice Europa, debería usar estándares abiertos. Así evitamos que un control "DirectM" me impida hacer algo si no soy usuario de la empresa "M", como por ejemplo la firma de un documento online, o el acceso a un contenido. Aquí hablamos más de protocolos y tecnologías interoperables, que de formatos. Recuerde que no todos los formatos "usados de forma generalizada" son estándares. De este modo, también evitaremos que el programa "PADRE" esté solamente disponible para una determinada plataforma e incluso, como ha pasado este año, que dentro de una determinada plataforma, no esté disponible para algunas de sus versiones. Es triste que la Administración tenga que salir al paso de las malas políticas de actualización de las empresas de software propietario, pero recuerde que estamos hablando de libertades y de igualdad, algo que tiene que asumir y que se paliaría con el uso de "estándares abiertos". Desgraciadamente, mucha gente vincula de forma equivocada estas libertades a las "necesidades" o "intereses" de la Comunidad de Software Libre. Pero no es cierto ya que como puede ver, el problema es algo que afecta a todos los usuarios con independencia de la tecnología. Como bien sabe, esto es algo que no es complicado de hacer, que tampoco cuesta más y que se puede lograr, con independencia de que la tecnología subyacente sea libre o propietaria, es decir, solamente hace falta la voluntad de que los estándares sean libres.
Luego vendría una frase que tendría que garantizar la libertada que usted reclama y que yo he defendido anteriormente. Es frase podría decir algo como: "Los ciudadanos, en sus relaciones con las administraciones públicas, podrán utilizar archivos en los formatos nativos de las aplicaciones de uso más generalizado en las distintas plataformas". Este es un ejemplo más o menos válido, no una propuesta definitiva, pero creo que los tiros deberían ir por ese lado.
Observe que digo formatos, puesto que como he explicado antes, todos los formatos que más usan los usuarios no son estándares y con la redacción actual ese matiz es un serio problema, espero que lo comprenda. Con esto garantizamos la transparencia de la Administración para los usuarios y les hacemos la vida más fácil como usted reclama. Observe también, que esta redacción que le propongo es plenamente conforme con lo que dice Europa y lo que es más importante, es la que más beneficia a todos, incluidas las empresas de software propietario, ya que dando importantes libertades, su redacción no obliga a que cambien muchas cosas desde el punto de vista tecnológico, más bien es un tema de enfoque y alcance.
Ahora bien, con lo dicho no bastaría, habría que decir también "Independientemente de lo anterior, el tratamiento de estos archivos por la Administración deberá realizarse en base a lo establecido en los Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades, del Ministerio de Administraciones Públicas". Algo que supone un trabajo adicional y un coste para la Administración. Normalmente, las libertades tienen un coste.
Espero que ahora se de cuenta sin reservas de que pretendemos lo mismo y de que a pesar de la alegría inicial, la redacción actual de la Ley todavía no es la más adecuada para lograr ese objetivo. Como queda el trámite del Senado, me gustaría contar con su ayuda y la de su asociación, para lograr que esta Ley tenga una redacción mejor, que contemple sin reservas ni ambigüedades, las dos libertades citadas.
Cuarto: Llegado a este punto, creo que sus comentarios poco tienen que ver con el contenido de mi artículo y ni siquiera, con el discurso relacionado con el trámite de la LAECAP que ha mantenido la Comunidad de Software Libre en general e Hispalinux en particular. Recuerde que no considero las opiniones aisladas como la fuente en la que beber, que de todo hay en la viña del señor, basta con ver algunas que aparecen en su página o en la mía, para comprender que poco tienen que aportar a todo este asunto.
Creo que ambos somos plenamente conscientes de las diferencias y de las necesidades de establecer planes de migración que sean realistas y no iconoclastas, no es cuestión de tirar lo que funciona y ha costado dinero. También lo somos de que la Administración necesita su tiempo, pero también necesita sus normas y un objetivo a alcanzar, objetivo que desgraciadamente todavía no se ve. Europa también lo tiene claro, al igual que lo tiene el Ministerio de Administraciones Públicas, hacen falta planes de migración como los que han aplicado otros países. Si otros han podido y les ha sido positivo, no he de pensar que mi Administración no puede, si lo considera necesario o conveniente, migrar a software libre una parte o todas sus aplicaciones.
Por otro lado, ya que lo menciona, creo que cuando el "legacy" es un problema para una migración deseada o conveniente, el motivo es por que se es cautivo de las tecnologías usadas en su momento. En ese caso, sería conveniente planificar todas las acciones que fueran precisas para restaurar la libertad tecnológica de la Administración a medio o largo plazo. Aclararé que considero que la actual falta de libertad tecnológica de nuestra Administración, no es culpa de nadie en particular, sino que es fruto de la tecnología que había en una determinada época, que no proporcionaba alternativas. Ahora no es el caso, las cosas hay que hacerlas con cabeza y no debemos ir sumando más lastre al "legacy", si tenemos oportunidad de evitarlo.
Quinto: En este punto yo he de decir que considero que el Software Libre, por las libertades que conlleva, debería ser una opción más que interesante para la Administración y una buena forma de evitar los problemas derivados del "legacy" o de la seguridad. Ahora bien, como he dicho antes, la Administración tiene establecido en la Ley, lo que debe comprar y en qué condiciones debe hacerlo. Por lo tanto, lo que se debe hacer es aplicar la Ley en un marco de libre competencia y estableciendo unos baremos adecuados de valoración de los productos libres y propietarios, para comprar e implantar lo que sea más adecuado. Como podrá ver, soy menos extremista en mis opiniones de lo que creen apreciar algunos.
Sexto: Cuando se dice en un tema hay demagogia, es por considerar que alguien mantiene una postura demagógica. Puedo estar equivocado, pero creo que es una condición "sine qua non". El argumento de las empresas no creo que sea válido para determinar la bondad del software libre o el propietario y menos para la Administración, hay muchos factores, incluso el "legacy" de las empresas. También es cierto, que hay muchas empresas que usan Software Libre, incluso en aplicaciones criticas. Quizás se sorprendiese al saber la cantidad de empresas que tienen sistemas basados en Software Libre o que tienen planes para migrar, pero este no es el problema. Creo que a diferencia de la Administración que en la Ley se le marca lo que debe y cómo lo debe comprar, la empresa debe poder hacer lo que desee. Yo solamente le puedo decir a una empresa, que considero que esto es mejor o peor, o que aquello le da el mismo servicio pero sin determinados problemas derivados de la seguridad o de los costes asociados y que con ello, puede mejorar su productividad y competitividad, pero no mucho más que eso.
Por otro lado, quiero aclararle algo, considero que la palabra demagógico no es muy adecuada. La demagogia, por definición, solamente la pueden ejercer los políticos o los partidos políticos, no los ciudadanos o las asociaciones sin ánimo de lucro como Hispalinux, que desarrolla los objetivos legalmente autorizados en sus estatutos. Lógicamente, para lograr esos objetivos, hay que lograr que una visión del problema llegue a la sociedad y a los políticos que legislan, por lo que hay que tratar y negociar con ellos. Eso no es hacer política, es un derecho a participar en la vida pública consagrado en los artículos 20, 22 y 23 de la Constitución. Como he dicho en otras ocasiones, la exposición de motivos de la Ley 1/2002, dice claramente el marco en el que de deben mover las asociaciones sin ánimo de lucro y su utilidad social y a mi me encanta.
Séptimo: Como en casos anteriores, creo que este comentario poco tiene que ver con lo que he dicho en mi artículo y menos, después de las aclaraciones que acabo de hacer. Yo no he dicho en ningún caso, que se tenga que migrar nada de forma masiva, tampoco acuso a nadie de nada por no poner Software Libre hasta en la máquina del café. Creo que en este momento la Comunidad de Software libre no está pidiendo nada imposible o descabellado, de hecho, ha tenido que moderar y modular su discurso, para que se le abran las puertas y los frutos han sido notables en los últimos meses, también considero que en todas las ocasiones se han logrado cosas positivas para la sociedad en general. Sin embargo, se está en desigualdad de condiciones cuando la Administración no quiere "escuchar", basta con decir que no a algo o presentar una determinada redacción de un proyecto de ley, para que todo se vaya al traste y todo ello, sin tener que justificar nada.
"Copyleft 2007 Fernando Acero Martín. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved".
Contestación a D. Rafael Chamorro
D. Rafael Chamorro ha contestado en su blog a mi artículo titulado "Me cuesta pensar que estoy equivocado, LAECAP". Su intención ha sido la de hacer algunas puntualizaciones, pero he tenido la sensación de que se refiere a otro artículo distinto al mío, y que me atribuye a mi y a la Comunidad de Software Libre, cosas que hemos dicho, ni reclamado, durante el trámite de la LAECAP. Además, me he preocupado cuando hay gente que considera que le he puesto al caldo (no era mi intención) y que además, se subroga a algunas afirmaciones suyas, que creo que poco tienen que ver con mi artículo. Por este motivo, he pensado conveniente hacer una réplica, algo que pensaba que no sería necesario ya que estoy convencido de que mantenemos posturas cercanas y que las discrepancias vienen de hablar de cosas distintas aplicadas al mismo caso. Como D. Rafael ha organizado su contestación por puntos, haré lo mismo para que el lector no se pierda en mis argumentos. Ante todo, quede claro que como dijo Robert A. Einlein: " Nunca aprendí nada de alguien que estuviera completamente de acuerdo conmigo". Siento que la contestación sea larga, pero el caso la merece.
Primero. Estimado Rafael, yo en ningún momento he manifestado que usted perteneciera a la Administración, o que hablase en nombre de ninguna asociación. Simplemente he dicho que usted fue presidente de ASTIC, ni siquiera digo que actualmente usted es miembro de su Junta Directiva.
Segundo. Yo tampoco he dicho que usted pertenezca a ningún partido político. Estoy de acuerdo con que la politización de la tecnología es un problema. Desgraciadamente, las grandes decisiones tecnológicas las están tomando los políticos y son ellos los que están legislando el futuro tecnológico de este país. Es algo con lo que tenemos que vivir y ello implica un mayor trabajo, hacerles ver lo que significa y las implicaciones para la sociedad de las tecnologías.
Tercero. En ningún momento he planteado en mi artículo que se deba prohibir el uso de otros formatos por parte de los usuarios. Yo he dicho, que la tecnología de la Administración ha de ser transparente para el usuario y no la del usuario para la Administración, creo que está claro. Por supuesto no sería un problema que un usuario enviase un documento en "formato propietario X", si luego la Administración lo tratase en base a lo que se dice en los "Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades.", una cosa no implica lo otro. Además, como bien sabe, el tema de los estándares es mucho más amplio el problema con los formatos de archivo y que yo vengo de la Comunidad de Software Libre, por lo que lo mio no es cortar libertades a nadie. No obstante, esta libertad también implica un mayor coste y trabajo para la Administración.
Sí es cierto que en mis conclusiones digo "me reafirmo en mi tesis de que en la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, no se debe usar otro término que no sea "estándares abiertos". Pero si usted ha leído mi artículo detenidamente, verá que esta afirmación se se justifica en base a cuatro hechos nada triviales y que no son fruto de argumentos propios:
a) En la documentación del MAP y de la Comisión Europea no aparece otro término que no sea "estándar abierto". (explicado en mi artículo).
b) La clara dificultad para definir con precisión el término "estándar de uso generalizado por los ciudadanos". (explicado en mi artículo)
c) El hecho no trivial de un estándar puede definir un formato, pero que no todos los formatos usados de forma generalizada por los ciudadanos no son estándares. Es decir, el uso de un formato de archivo de forma generalizada, no lo convierte automáticamente en un estándar. Hace falta algo más, por ejemplo una definición del mismo. (algo que no comento en mi artículo pero que es trivial).
d) Que el termino estándar de uso generalizado también incluye estándares abiertos, así como estándares cerrados, por lo que no aclara con precisión el uso alternativo de nada. (explicado en mi artículo)
Quiero que se de cuenta de que no estamos hablando de lo mismo. Mientras yo hablo de la Administración, usted habla de los ciudadanos. También quiero que comprenda que mi postura no implica que "se prohíba nada al ciudadano". Intentaré explicarlo seguidamente.
Hay dos libertades o derechos en esta discusión:
a) Acceso universal a los servicios (el que yo intento defender en mi artículo).
b) Neutralidad tecnológica o la transparencia de la administración electrónica (el que usted defiende y que usted cree equivocadamente que yo no defiendo).
De esa libertad a la que usted hace referencia, ya había hablado antes en mi artículo "No entienden lo que es neutralidad tecnológica". Quizás, mi error ha sido no volver aquí sobre este asunto y no lo hice al considerar que mi defensa de la primera libertad en nada afectaba a la segunda. Este punto estará de acuerdo en que defiendo lo mismo que usted y que las criticas eran injustas, pero le diré más, lo que yo defiendo, es lo mismo que ha defendido Hispalinux y gran parte de la Comunidad de Software Libre durante el trámite de la LAECAP, por lo que considero que algunas críticas son injustas. Que conste que no estoy hablando de algún comentario de foro. En otra ocasión ha hablado de la importancia de la calidad frente a la cantidad y de que el prestigio también debería tener su peso en los comentarios. Es más, le diré que actualmente la Comunidad de Software Libre se autoregula bastante bien, llegando a corregir por ella misma, a los que mantienen posturas extremistas y como bien dice usted en tus comentarios, inviables. No deja de ser curioso, que la misma persona que corrige, haya sido acusado de extremismo en uno de los comentarios de su blog, sorpresas que da la vida.
Es decir, desde hace tiempo se defiende por la Comunidad de Software Libre en general y por Hispalinux en particular, que la Administración debe comprar lo más adecuado en base a los criterios de una buena administración y el contenido de las Leyes Del mismo modo, también se defiende la "neutralidad tecnológica" es decir, que los usuarios puedan usar lo que deseen para comunicarse con la Administración. Otra cosa es que las adquisiciones y decisiones de la Administración no se tomen en base a esos criterios y con ello, tengamos situaciones tan escandalosas como se denuncian en el segundo informe de neutralidad tecnológica en la Administración, que como verdadera piedra de toque, demuestra que algo falla en todo esto. Sí, algo falla cuando se logra una posición de consenso y luego las cosas no se materializan como debieran. Es una pena que sea necesario poner en una Ley, lo que debería ser tan evidente para todos y un derecho de los ciudadanos. Desgraciadamente, en muchos casos estamos hablando de una imposibilidad absoluta de acceder a determinados servicios de la Administración si no se es cliente de determinada tecnología propietaria, eso es inadmisible en un estado de derecho.
Como he dicho antes, "la tecnología de la Administración ha de ser transparente para los usuarios, no debe ser el usuario transparente para la Administración", con todo lo que ello implica y que claramente está en línea con lo que usted mantiene y en cierto modo, me acusa de no mantener yo, o la Comunidad de Software Libre.
Ahora quiero que se de cuenta de que estamos hablando de un tema legal y que hay considerar el ámbito de aplicación de la Ley. En este caso no hace falta buscar el contexto en la exposición de motivos, o en el articulado anterior, en el artículo al que yo me refiero en mi artículo se dice claramente "Las administraciones públicas utilizarán...", está claro, este artículo solamente habla de la Administración y donde la Ley no distingue no cabe distinción. Es decir, este artículo no dice nada de los derechos de los ciudadanos, o de la tecnología que puedan usar para relacionarse con la Administración.
Si la redacción final es "Las administraciones públicas utilizarán estándares abiertos" se garantizaría la primera libertad, es decir, se garantizaría sin reservas el acceso universal a los servicios. Al referirse a la Administración en exclusiva, esta redacción en principio no limitaría ningún derecho de los ciudadanos. Ahora bien, la redacción final ha sido "Las administraciones públicas utilizarán estándares abiertos y de forma complementaria estándares de uso generalizado por los ciudadanos", pues contrariamente a lo que pueda parecer, no proporciona ninguna libertad a los ciudadanos, Rafael, piénselo bien puesto que esto es crucial. Solamente estamos dando la posibilidad de que Administración pueda enviar un documento a un ciudadano utilizando un estándar usado de forma generalizada (ojo que no dice formato y que cosas que la gente puede pensar que están incluidas no lo están). Por otra parte, utilizar "uso generalizado", permite una exclusión de una parte de la sociedad, lo que es un problema, que afortunadamente está matizado mediante "complementaria", pero lo considero algo insatisfactorio. De verdad, es una pena que en el intento de conseguir la segunda libertad, algunos se hayan empecinado en criticar sin valorar, usando como argumentos los tópicos de siempre sobre la Comunidad de Software Libre. Al final, lo único que han conseguido es algo que no tiene nada que ver con lo que pretendían y han logrado que la Ley tenga una redacción inadecuada y ambigua.
¿Qué es lo que se debería hacer para garantizar las dos libertades que a usted y a mi nos interesan?. Bien, lo primero sería segurar lo más básico, es decir, que todo el mundo pudiera acceder en igualdad de condiciones a la Administración. Para ello, la Administración, como dice Europa, debería usar estándares abiertos. Así evitamos que un control "DirectM" me impida hacer algo si no soy usuario de la empresa "M", como por ejemplo la firma de un documento online, o el acceso a un contenido. Aquí hablamos más de protocolos y tecnologías interoperables, que de formatos. Recuerde que no todos los formatos "usados de forma generalizada" son estándares. De este modo, también evitaremos que el programa "PADRE" esté solamente disponible para una determinada plataforma e incluso, como ha pasado este año, que dentro de una determinada plataforma, no esté disponible para algunas de sus versiones. Es triste que la Administración tenga que salir al paso de las malas políticas de actualización de las empresas de software propietario, pero recuerde que estamos hablando de libertades y de igualdad, algo que tiene que asumir y que se paliaría con el uso de "estándares abiertos". Desgraciadamente, mucha gente vincula de forma equivocada estas libertades a las "necesidades" o "intereses" de la Comunidad de Software Libre. Pero no es cierto ya que como puede ver, el problema es algo que afecta a todos los usuarios con independencia de la tecnología. Como bien sabe, esto es algo que no es complicado de hacer, que tampoco cuesta más y que se puede lograr, con independencia de que la tecnología subyacente sea libre o propietaria, es decir, solamente hace falta la voluntad de que los estándares sean libres.
Luego vendría una frase que tendría que garantizar la libertada que usted reclama y que yo he defendido anteriormente. Es frase podría decir algo como: "Los ciudadanos, en sus relaciones con las administraciones públicas, podrán utilizar archivos en los formatos nativos de las aplicaciones de uso más generalizado en las distintas plataformas". Este es un ejemplo más o menos válido, no una propuesta definitiva, pero creo que los tiros deberían ir por ese lado.
Observe que digo formatos, puesto que como he explicado antes, todos los formatos que más usan los usuarios no son estándares y con la redacción actual ese matiz es un serio problema, espero que lo comprenda. Con esto garantizamos la transparencia de la Administración para los usuarios y les hacemos la vida más fácil como usted reclama. Observe también, que esta redacción que le propongo es plenamente conforme con lo que dice Europa y lo que es más importante, es la que más beneficia a todos, incluidas las empresas de software propietario, ya que dando importantes libertades, su redacción no obliga a que cambien muchas cosas desde el punto de vista tecnológico, más bien es un tema de enfoque y alcance.
Ahora bien, con lo dicho no bastaría, habría que decir también "Independientemente de lo anterior, el tratamiento de estos archivos por la Administración deberá realizarse en base a lo establecido en los Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades, del Ministerio de Administraciones Públicas". Algo que supone un trabajo adicional y un coste para la Administración. Normalmente, las libertades tienen un coste.
Espero que ahora se de cuenta sin reservas de que pretendemos lo mismo y de que a pesar de la alegría inicial, la redacción actual de la Ley todavía no es la más adecuada para lograr ese objetivo. Como queda el trámite del Senado, me gustaría contar con su ayuda y la de su asociación, para lograr que esta Ley tenga una redacción mejor, que contemple sin reservas ni ambigüedades, las dos libertades citadas.
Cuarto: Llegado a este punto, creo que sus comentarios poco tienen que ver con el contenido de mi artículo y ni siquiera, con el discurso relacionado con el trámite de la LAECAP que ha mantenido la Comunidad de Software Libre en general e Hispalinux en particular. Recuerde que no considero las opiniones aisladas como la fuente en la que beber, que de todo hay en la viña del señor, basta con ver algunas que aparecen en su página o en la mía, para comprender que poco tienen que aportar a todo este asunto.
Creo que ambos somos plenamente conscientes de las diferencias y de las necesidades de establecer planes de migración que sean realistas y no iconoclastas, no es cuestión de tirar lo que funciona y ha costado dinero. También lo somos de que la Administración necesita su tiempo, pero también necesita sus normas y un objetivo a alcanzar, objetivo que desgraciadamente todavía no se ve. Europa también lo tiene claro, al igual que lo tiene el Ministerio de Administraciones Públicas, hacen falta planes de migración como los que han aplicado otros países. Si otros han podido y les ha sido positivo, no he de pensar que mi Administración no puede, si lo considera necesario o conveniente, migrar a software libre una parte o todas sus aplicaciones.
Por otro lado, ya que lo menciona, creo que cuando el "legacy" es un problema para una migración deseada o conveniente, el motivo es por que se es cautivo de las tecnologías usadas en su momento. En ese caso, sería conveniente planificar todas las acciones que fueran precisas para restaurar la libertad tecnológica de la Administración a medio o largo plazo. Aclararé que considero que la actual falta de libertad tecnológica de nuestra Administración, no es culpa de nadie en particular, sino que es fruto de la tecnología que había en una determinada época, que no proporcionaba alternativas. Ahora no es el caso, las cosas hay que hacerlas con cabeza y no debemos ir sumando más lastre al "legacy", si tenemos oportunidad de evitarlo.
Quinto: En este punto yo he de decir que considero que el Software Libre, por las libertades que conlleva, debería ser una opción más que interesante para la Administración y una buena forma de evitar los problemas derivados del "legacy" o de la seguridad. Ahora bien, como he dicho antes, la Administración tiene establecido en la Ley, lo que debe comprar y en qué condiciones debe hacerlo. Por lo tanto, lo que se debe hacer es aplicar la Ley en un marco de libre competencia y estableciendo unos baremos adecuados de valoración de los productos libres y propietarios, para comprar e implantar lo que sea más adecuado. Como podrá ver, soy menos extremista en mis opiniones de lo que creen apreciar algunos.
Sexto: Cuando se dice en un tema hay demagogia, es por considerar que alguien mantiene una postura demagógica. Puedo estar equivocado, pero creo que es una condición "sine qua non". El argumento de las empresas no creo que sea válido para determinar la bondad del software libre o el propietario y menos para la Administración, hay muchos factores, incluso el "legacy" de las empresas. También es cierto, que hay muchas empresas que usan Software Libre, incluso en aplicaciones criticas. Quizás se sorprendiese al saber la cantidad de empresas que tienen sistemas basados en Software Libre o que tienen planes para migrar, pero este no es el problema. Creo que a diferencia de la Administración que en la Ley se le marca lo que debe y cómo lo debe comprar, la empresa debe poder hacer lo que desee. Yo solamente le puedo decir a una empresa, que considero que esto es mejor o peor, o que aquello le da el mismo servicio pero sin determinados problemas derivados de la seguridad o de los costes asociados y que con ello, puede mejorar su productividad y competitividad, pero no mucho más que eso.
Por otro lado, quiero aclararle algo, considero que la palabra demagógico no es muy adecuada. La demagogia, por definición, solamente la pueden ejercer los políticos o los partidos políticos, no los ciudadanos o las asociaciones sin ánimo de lucro como Hispalinux, que desarrolla los objetivos legalmente autorizados en sus estatutos. Lógicamente, para lograr esos objetivos, hay que lograr que una visión del problema llegue a la sociedad y a los políticos que legislan, por lo que hay que tratar y negociar con ellos. Eso no es hacer política, es un derecho a participar en la vida pública consagrado en los artículos 20, 22 y 23 de la Constitución. Como he dicho en otras ocasiones, la exposición de motivos de la Ley 1/2002, dice claramente el marco en el que de deben mover las asociaciones sin ánimo de lucro y su utilidad social y a mi me encanta.
Séptimo: Como en casos anteriores, creo que este comentario poco tiene que ver con lo que he dicho en mi artículo y menos, después de las aclaraciones que acabo de hacer. Yo no he dicho en ningún caso, que se tenga que migrar nada de forma masiva, tampoco acuso a nadie de nada por no poner Software Libre hasta en la máquina del café. Creo que en este momento la Comunidad de Software libre no está pidiendo nada imposible o descabellado, de hecho, ha tenido que moderar y modular su discurso, para que se le abran las puertas y los frutos han sido notables en los últimos meses, también considero que en todas las ocasiones se han logrado cosas positivas para la sociedad en general. Sin embargo, se está en desigualdad de condiciones cuando la Administración no quiere "escuchar", basta con decir que no a algo o presentar una determinada redacción de un proyecto de ley, para que todo se vaya al traste y todo ello, sin tener que justificar nada.
"Copyleft 2007 Fernando Acero Martín. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved".
