fernando_acero (fernando_acero) wrote,

La redacción de Ley de Transparencia defrauda a la ciudadanía





Todos sabemos que se está tramitando la tan esperada como necesaria Ley de Transparencia, proyecto estrella del actual Gobierno del PP, prometida también, por el anterior Gobierno del PSOE. Sin embargo, la redacción actual de la misma, tras desoír a expertos y la ciudadanía, no satisface a nadie y se considera que no mejorará la calidad democrática, algo fundamental para regeneración democrática de la sociedad española.

La Carta Magna dice en su articulo más importante lo siguiente:

Artículo 1

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Sin embargo, es imposible que la soberanía pueda recaer en el pueblo, o que pueda ejercer sus derechos democráticos, sin la información que le permita tomar decisiones, o participar en los asuntos públicos, como garantiza el artículo 23 de nuestra Constitución. Puede que alguno de los presentes lo puede considerar algo exagerado o extremista, pero considero que no puede haber democracia sin transparencia y sin información la pública. Asimismo, tampoco se debería tramitar norma alguna en contra de la opinión del pueblo, cuando lo hace expresamente.

Es más, creo que gran parte de la grave situación económica que vivimos y de la corrupción existente en este país, es fruto de eso precisamente, de la falta de información y de transparencia en las Administraciones públicas. Ayuntamientos que no permiten grabar los plenos, corporaciones que en ocasiones, ni publican las actas de los plenos y administraciones públicas, que o que no informan del estado de las cuentas, de los contratos que celebran, es caldo de cultivo de corrupción, de malas decisiones y en definitiva parte activa de lo que nos ha llevado a una situación insostenible y en contra de la Constitución, ha impedido que el pueblo participase adecuadamente en los asuntos públicos, lo que es posible que hubiera evitado esta situación.

Me llama la atención, que nadie haya tomado cartas en el asunto para garantizar las grabaciones de los plenos por parte de la ciudadanía, cuando es muy posible que muchos de estos hechos, tal como los narran los protagonistas, además de inconstitucionales y antidemocráticos, podrían ser calificados como prevaricación, amenazas, coacciones, abuso de autoridad o uso indebido de la fuerza, pero esta es otra historia y una vergüenza para un país que se llama democrático, así que sigamos con lo nuestro.

La Ley de Transparencia era la oportunidad de oro para cambiar todo este panorama de forma radical y mejorar de forma sensible la democracia española. De hecho, bien podríamos haber aprendido del entorno, puesto que además somos los últimos de Europa en tener una Ley de Transparencia, pero parece que el Gobierno en particular, y la clase política española en general, volverán a defraudar a la ciudadanía española por enésima desde que se instauró la democracia.

Desgraciadamente, la redacción actual del proyecto, que supuestamente incluye los cambios propuestos por sociedad civil, expertos y las aportaciones de los ciudadanos a la consulta pública, sigue haciendo oídos sordos a lo que pide la sociedad española con un clamor generalizado y que no es otra cosa, que el derecho a la información sea un derecho fundamental anclado al artículo 20 de la Constitución española.

Si se estableciera de este modo, es decir, asociado al artículo 20 de la Carta Magna, se podría justificar la razón y la necesidad de la transparencia de todos los poderes del Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y entes vinculados por la función o la financiación a los poderes públicos, como por ejemplo, las empresas públicas, aunque sean de derecho privado.

A pesar de las grandes críticas a la redacción actual del proyecto y que han sido recibidas desde la sociedad civil, organizaciones internacionales como la OSCE y desde la Comisión de Expertos que el Gobierno convocó en su momento. Sin embargo, ese mismo Gobierno no ha querido replantearse la redacción actual, que sigue sin reconocer el carácter fundamental del derecho de acceso a la información, lo que también implicaría una tramitación como Ley Orgánica y la participación de la Comisión Constitucional, que sigue excluyendo del texto toda la información que no sea administrativa y que sigue sin establecer una autoridad independiente, que se encargaría de tutelar y promover tanto la transparencia, como el derecho de acceso a la información pública. Es increíble que la protección de datos sí sea objeto de una Ley Orgánica y no lo sea, el derecho a la información pública, dada la importancia que tiene para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, que es un derecho tan constitucional, como lo es el derecho a la información.

Además, a pesar de que se ha solicitado expresamente por varios colectivos, el Gobierno sigue sin publicar los comentarios recibidos a través de la consulta pública, alegando que son comunicaciones de particulares. Sin embargo, lo que se ha solicitado es la estadística de las más de 3.700 aportaciones de los ciudadanos de las que se tiene constancia. En teoría, se integrarían estas aportaciones en el texto del Proyecto de Ley en función del apoyo obtenido dese la sociedad civil, según estableció este mismo Gobierno en su Plan de Acción para el Gobierno Abierto, algo que evidentemente no ha cumplido y que no tiene sentido, en base a lo establecido en la Ley de Economía Sostenible en relación a la mejora de la calidad normativa.

Es evidente, como comenta Helen Darbishire, directora de Access Info Europe: "con esta ley sería imposible ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos. Es difícil de entender por qué España propone una ley que ni siquiera cumple con los estándares mínimos internacionales”

En este mismo sentido, la Coalición Proacceso envió el pasado viernes día 1 de junio una carta al Gobierno [PDF] en la que se pedía más transparencia sobre el proceso de tramitación y en la que se preguntaba expresamente, si la norma podrá efectivamente ratificar el Convenio del Consejo de Europa sorbe acceso a documentos públicos, si el Gobierno pensaba publicar las aportaciones de los ciudadanos a la Consulta pública, si el Gobierno iba a tener en cuenta o piensa contestar a los comentarios de la Comisión de Expertos convocada, cuál es el calendario previsto para la tramitación y por último, si iban a realizar la consulta pública sobre el Plan de Acción de Gobierno Abierto, que se prometió hacer en su momento.

Por todos estos motivos, creo que los españoles debemos participar y hacer un esfuerzo para lograr una Ley de Transparencia que cumpla lo que se espera de un país democrático y moderno, que sea garantía y estímulo para la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, y que permita erradicar de las Administraciones Públicas españolas el oscurantismo que nos ha allanado el camino de la crisis económica y la corrupción.

Más información:


Access Info España

Coalición Proacceso

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Tags: constitución, derecho a la información, transparencia
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