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Los políticos aprendieron de las multinacionales la cantinela de la "neutralidad tecnológica", al margen de que yo piense como Kranzberg que la "tecnología no es buena ni mala, pero tampoco neutral", es evidente de que nuestros políticos están equivocando el concepto de independencia tecnológica en el proyecto de Ley de eAdministración, como era la pretensión de las multinacionales.
La neutralidad tecnológica solamente es legítima si es para los ciudadanos, es decir, que los ciudadanos deben poder usar la tecnología que quieran para relacionarse con su Administración, con independencia de que sea libre o propietaria. Sin embargo, en el casposo proyecto de la LAECAP (Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas) que mañana se vota, se habla de una neutralidad tecnológica muy distinta.
Usando mal o equivocando lo que es y debe ser la independencia tecnológica, nuestros políticos olvidan derechos básicos de los ciudadanos, como es el de igualdad ante la Ley. En la Ley se conculca abiertamente la sagrada independencia tecnológica de los ciudadanos contemplando los "estándares reconocidos" y legislan sin tapujos, que su independencia tecnológica, es sinónimo de que la Administración puede elegir, o hacer lo que quiera con los dineros públicos, para mayor regocijo de las multinacionales.
Pero señores ¿no se dan cuenta de que aunque eso implica eliminar la libertad de elección tecnológica de los ciudadanos en muchas ocasiones?. ¿Están perdiendo ustedes el horizonte de lo que es y debe ser el bien jurídico protegido, que no es otro que el acceso universal, gratuito e igualitario a la Administración Electrónica? ¿Si no es así qué es lo que se pretende realmente con esta Ley?
Señores, la Ley dice claramente los requisitos que tiene que tener una buena Administración, los principios de Transparencia, Economía, Eficacia y Eficiencia son fundamentales. Si se cumplieran de verdad y además, si se lograse una Administración accesible para todos los españoles, sería el mayor logro para los ciudadanos de este país en muchos años, pero parece que se quiere dejar pasar esta oportunidad.
Desgraciadamente, con las falacias lanzadas desde oráculos interesados, hay muchos dineros que se dilapidan del Erario público, sin que parezca que a nadie le importe. Se usan tecnologías propietarias con fecha de caducidad y que se convierten en elevados gastos repetitivos, o se usan onerosas tecnologías propietarias, cuando hay alternativas libres que funcionan igual o mejor. Pero esto es otra historia, que por mucho que alguien diga lo contrario, no tiene nada que ver con la independencia tecnológica que proclaman nuestros políticos a los cuatro vientos, y venden como el logro social del siglo.
Me daría con un canto en los dientes, si en aras de la "neutralidad tecnológica", este gobierno la reconociera como derecho de los ciudadanos y dijera que la Administración, con independencia de la tecnología que use, propietaria o libre, siempre utilizará estándares abiertos para comunicarse con sus ciudadanos. Sinceramente, creo que es un derecho y quizás el único, al que no deberíamos renunciar en una Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas.
Es cierto, cuando hablamos de administración electrónica no nos bastan los principios de siempre. A los principios básicos de la Administración, ahora es necesaria otra cautela, quizás otro principio, ¿el de neutralidad tecnológica?. Pero señores y señoras esa neutralidad, de reconocerla como necesaria en la Ley, es para los ciudadanos, no para la Administración. El que quiere neutralidad tecnológica soy yo y para mi, no que ustedes puedan hacer lo que quieran con los dineros públicos en base a ese dudoso principio y que a nadie beneficia si se aplica a la Administración de forma unilateral.
Lo que tiene que garantizar esta Ley es la independencia tecnológica de la sociedad española, no la de la Administración, que ya tiene bien claro por Ley lo que puede y debe usar y lo que no. La Administración deberá elegir la mejor solución y al mejor precio, en base a los principios de transparencia, economía, eficacia y eficiencia. Además, si tenemos suerte, e impera el buen criterio, para el caso de la Administración electrónica, también debería haber un principio de independencia tecnológica para garantía de los derechos de los ciudadanos. Ahora bien, si los principios de economía, eficacia, eficiencia y transparencia, que son básicos, no se cumplen en muchos contratos de la Administración ¿Tendremos alguna garantía de que podremos usar la tecnología que queramos para comunicarnos electrónicamente con la Administración, aunque lo ponga la Ley en letras de molde?
No adelantemos acontecimientos, lo primero es que la Ley reconozca mis derechos, luego hablaremos de hacerlos cumplir. Señores, quiero independencia tecnológica, es decir, quiero estándares abiertos.
"Copyleft 2007 Fernando Acero Martín. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved".
director general de modernización. Este señor es el que está bloqueando sistemáticamente las enmiendas propuestas. El señor ministro ha delegado completamente la ley en sus manos. Juan Miguel Márquez no tiene claro que es un estándar abierto y no quiere oír de liberar nada que no sea lo excelente y neutral que es su ley.
Cualquier comunicación que hagáis al ministro, a la prensa, a un consejero, a un diputado/senador, ponerle en copia que no le va a hacer ninguna gracia tener que explicar por que tiene tanto interés.
Saludines desde el MAP
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Hola,
la gente de Novática ha publicado la versión en inglés del monográfico sobre formatos documentales abiertos en la revista europea UPGRADE.
Lo podéis descargar gratuitamente de aquí:
http://www.upgrade-cepis.org/issues/2006/6/u
También está disponible ya la versión completa y libre del monográfico equivalente de la revista Novática, la decana española sobre informática que edita la Asociación de Técnicos en Informática (ATI):
http://people.ffii.org/~abarrio/estandar
Por favor, máxima difusión, que estamos en pleno proceso de estandarización de un formato libre.
Saludos,
Alberto.
Desde mi punto de vista, esto es importante, no podemos consentir que nos obliguen a usar un programa de una determinada empresa, que además, es extranjera, para tener acceso a nuestra Administración Electrónica. Es necesario que la gente sepa que está pasando esto y que lejos de buscar el bien de todos, parece ser que en este país lo que priman y mandan son las multinacionales, algo que no es lógico en un estado de derecho.
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Pues esto es lo que aparece en Barrapunto, más gráfico no puede ser, pero también he de decir, que no deja de ser patético que las cosas estén así en el siglo XXI, si es que es verdad, que es este señor, alto cargo del Ministerio, el que está bloqueando las propuestas. Propuestas, que todo hay que decirlo, son de lo más razonables y no perjudican a nadie.
Sr. Ministro, no estaría mal que usted hiciera algo, al fin y al cabo, este es un cargo de confianza suyo y creo recordar, que las responsabilidades no se delegan. Seguramente un toque de calidad y una llamada a la responsabilidad, podrían salvar esta situación, de forma muy elegante. No obstante, esto no salva la penosa situación que provoca que partidos mayoritarios no hayan tomado posición ante una Ley que se votará en unos pocos días.
De todos modos, creo que esto es algo que no debería pasar con una persona con este impresionante curriculum en torno a las nuevas tecnologías:
A pesar de ello, lo Barrapunto dice lo siguiente con letras de molde, por si alguien no ha visto el enlace:
El responsable es Juan Miguel Marquez
(Puntos:1, Informativo)