![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif){kind=small}
NOTA: «Esta viñeta ha sido creada por Eneko para 20minutos.es y 20 minutos tiene licencia Creative Commons, por lo que puedes cogerla y usarla en el medio que desees en apoyo del Manifiesto, firmándola Eneko/20minutos.es, como reconocimiento al autor y al medio de publicación original.»
Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:
1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
"Copyleft 2009 Fernando Acero Martín. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved"
En el Foro Internacional de Cultura Libre, que está teniendo lugar en Barcelona, se debate lo que debería ser la propuesta de una Carta Europea de los Derechos de los Ciudadanos en la Era Digital, un documento que irá dirigido como propuesta para la presidencia española de la Unión Europea. En él se recogen cosas que ya se contemplan de algún modo en la legislación española y de otros países, pero que sería muy positivo que fueran compartidas de forma uniforme y consensuada por todos los países de la Unión Europea.
Básicamente, son elementos que forman parte del ideario y de la conciencia colectiva de los internautas, con independencia de su país de origen. Como por ejemplo, la puesta en común de una definición de Banda Ancha y su consideración como servicio universal, la neutralidad de la red, la puesta a disposición de la ciudadanía de la información pública, o que se subvenciona con fondos públicos, el uso de licencias libres para divulgar la información pública, o la transposición al mundo digital, de los derechos fundamentales que ahora se contemplan en la vida real.
Desde mi punto de vista, es una iniciativa interesante, que está muy relacionada con la intención española de adoptar una Carta de Derechos de Usuarios de Telecos durante su presidencia de la Unión y que en cierto modo, la supera, para imbricarse profundamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos en la era digital, algo que se viene reclamando hace tiempo desde muchos sectores.
En este sentido, la Foundation for a Free Information Estructure, ha elaborado el siguiente borrador, que considero muy interesante, ya que contempla la mayor parte de estas ideas e inquietudes:
España desempeñó un papel determinante en octubre de 1990, al presentar un primer texto articulado y motivado sobre la ciudadanía europea. La iniciativa logró entonces el respaldo del Europarlamento. Finalmente, el Tratado de la UE institucionalizó la ciudadanía europea.
España debe aprovechar la presidencia europea para desarrollar las medidas necesarias para la preservación de estos derechos en un entorno donde las TIC pueden amenazar cuestiones básicas como la privacidad y el secreto de las comunicaciones, e impulsar el acceso de los ciudadanos a la tecnología, la cultura y el conocimiento desarrollado en la esfera pública.
El progreso y la innovación tecnológica modifican los hábitos sociales, políticos y económicos, y es por eso que las normas y leyes deben adaptarse para seguir manteniendo los derechos de los ciudadanos en las nuevas circunstancias.
En este momento, es necesario asegurarse de que en la Era Digital se garantizan las condiciones necesarias, para que los ciudadanos sigan disfrutando de sus derechos fundamentales, sabiendo que una gran parte de sus actividades sociales, profesionales, culturales, comerciales, financieras, políticas o educativas, son realizadas telemáticamente mediante medios digitales y en redes como Internet.
Asegurar el acceso universal a una Internet neutral se ha revelado muy eficaz para paliar la crisis y para lograr un futuro más próspero para toda la población. La Neutralidad de la Red (Net Neutrality) es un gran potenciador de la innovación y del desarrollo económico, además de un estímulo para la competencia pero sobre todo es la garante de los derechos civiles en el medio telemático.
Es por ello, que instamos al gobierno español a que promueva que en el corpus legal de la UE se declarare explícita y claramente que:
"European Digital Rights"
1) Los ciudadanos tienen derecho a que el tráfico de datos recibido o generado no sea manipulado, modificado, bloqueado, desviado, priorizado o retrasado, en función del tipo de contenido, del protocolo, la aplicación utilizada, del origen o del destino de la comunicación, ni de cualquiera otra consideración ajena a su propia voluntad.
Ese tráfico se tratará como privado y por lo tanto, secreto y solamente podrá ser secuestrado, espiado, trazado, archivado, o analizado en su contenido ni trayectoria, bajo mandato y tutela judicial, no pudiendo en ningún caso, ser sometido a la censura previa, o al secuestro administrativo de los contenidos (al igual que ocurre con cualquier otra correspondencia o comunicación privada). [Art 12 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art 17 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ]
2) Los ciudadanos tienen derecho a acceder a contenidos, a ejecutar aplicaciones y usar servicios de su elección, así como a conectar dispositivos a la Red, sin más restricción a su interoperabilidad que aquella que establezcan las leyes.
3) Los ciudadanos tienen derecho a un servicio universal de conexión a Banda Ancha según las normas internacionales (ITU-I 113), a que exista más de un proveedor (público o privado) y a que la oferta de este servicio de Banda Ancha no esté vinculada a la adquisición de otros productos o servicios.
Deben disponer de información veraz y suficiente sobre las condiciones y calidades de las conexiones de datos ofrecidas por los operadores y sus garantías legales.
Los ciudadanos tienen derecho al desglose y la segregación de servicios que tengan distinta facturación o tarificación adicional, así como a elegir el modo de pago y a la protección contra el uso inadvertido de los mismos.
Tienen derecho a disponer de una via rápida y efectiva de atención y de reclamación, a cambiar de operador y a ser indemnizados en caso de interrupción del servicio o degradación de la calidad contratada. Todo ello en un tiempo no superior al empleado en un proceso de alta en el servicio. [Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.]
4) Los ciudadanos tienen derecho a la libre disposición de la ciencia, la cultura, el conocimiento y las tecnologías propiedad de las instituciones públicas, de las que financian, de las que subvenciona y de las que son derechohabientes, para que puedan ser usadas, copiadas, modificadas y redistribuidas, con o sin modificaciones, siempre que la obra derivada se distribuya en estos mismos términos, tal como establece la Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL) dado que el fin perseguido es el aprovechamiento y la reutilización, así como la protección contra su apropiación en exclusiva por parte de terceros.
La transferencia tecnológica en estas condiciones, además de ser un acto de justicia social en su propia naturaleza, dado que todos los ciudadanos hemos sufragado estos contenidos científicos, culturales y tecnológicos a través del pago solidario de los impuestos, también supone uno de los mejores instrumentos para mejorar la competitividad de las empresas. De esta forma, las empresas accederían en igualdad de condiciones a una gran cantidad de herramientas TIC de calidad y a un precio asequible, mitigando la fuga de capitales a través del pago de licencias. Esta transferencia tecnológica, también permite estimular el sector tecnológico y capacitaría a las PyMEs, para acometer los retos de innovación tecnológica y de modernización socioeconómica, que la sociedad del conocimiento libre, de todos y para todos, nos brinda, según pone de manifiesto la Declaración del parlamento europeo a favor del Conocimiento Libre y en la sección 9 del art III-248 del Tratado de Lisboa.
5) Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos mediante protocolos, interfaces y formatos que sean estándares abiertos teniendo dicha actividad administrativa perfecta validez y seguridad jurídica.
En un Estado de Derecho moderno y democrático, la investigación, o persecución, de un acto presuntamente ilícito, haya sido cometido por el medio que fuere, no puede suponer la conculcación de derechos fundamentales contemplados en las Constituciones, o en la legislación de los Estados, sin la necesaria tutela judicial. Este es un principio básico que también es necesario trasladar y aplicar al espacio real que es Internet. Se debe evitar así, la creación de ámbitos de actuación humana dominados por los pseudoderechos, o con mecanismos paralegales, en los que todo pueda ser interceptable, accesible, investigable y perseguible, solo en función de la disponibilidad tecnológica, o económica, de los agentes públicos o privados y sin garantizar las debidas garantías judiciales.
Así lo indican derechos democráticos fundamentales como:
* La Inviolabilidad del domicilio: no se pueden registrar los equipos informáticos o telemáticos propiedad de los ciudadanos ni los que, aún no siendo propios, estén ubicados en sus casas o posesiones, sin un consentimiento expreso del dueño u orden judicial que lo autorice.
* El Secreto de las comunicaciones: no se pueden espiar, o conocer los datos que intercambien los ciudadanos sin orden judicial.
* El Límite a la informática y la tecnología para preservar la intimidad personal o familiar: no se pueden hacer estimaciones estadísticas de tráfico de la Red que permitan conocer la actividad que se está desarrollando en esos equipos informáticos personales sin su correspondiente orden judicial.
*El derecho a una comunicación libre: que abarca la libertad de expresión, la libertad de cátedra, la producción y creación literaria, artística, científica o técnica, y el desarrollo de las tareas docentes.
* El derecho a la información: a recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, del secuestro administrativo, o de cualquier otra maniobra que dificulte el libre acceso a os avances científicos, la información y a la cultura.
* El derecho a que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones u otros medios de información en virtud de resolución judicial
* El derecho a acceder a los documentos de las instituciones, órganos y organismos públicos, cualquiera que sea su soporte.
En países como España, con una de las legislaciones más avanzadas de la Era Digital:
* Los ciudadanos tienen derecho a relacionarse con las administraciones públicas para el ejercicio de sus deberes y derechos por medios electrónicos, eligiendo con libertad sus aplicaciones y sistemas operativos, siempre que utilicen estándares abiertos en sus comunicaciones.
* Por su parte, las Administraciones Públicas quedan obligadas a asegurar la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en el ejercicio de sus competencias con la máxima transparencia y publicidad del procedimiento.
Por tanto, el acceso a universal a redes neutrales es una obligación de los proveedores de servicios de la Sociedad del Conocimiento que los gobiernos deben garantizar. Dicha obligación debe basarse en una escrupulosa observancia y respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, dado que ahora estos derechos también se ejercen por medios digitales y a través de redes de telecomunicaciones.
Además, el patrimonio intelectual público debe estar a libre disposición de los ciudadanos para su aprovechamiento.
"Copyleft 2009 Fernando Acero Martín. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved"
A través de mi buen amigo Juantomás, anterior Presidente de Hispalinux, me he enterado de la presentación del libro "La Sociedad de Control" de José Alcántara. El acto tendrá lugar el miércoles 29 de abril, a las 12:30 del mediodía, en el Centro de Innovación de BBVA (Plaza de Santa Bárbara nº 2, Madrid; Metro Alonso Martínez). Y he de decir, que comparto la idea de que este acto, dado los turbulentos tiempos que corren para la libertad en la Red y la libre difusión de la cultura, es mucho más que la presentación de un libro.
Al igual que le preocupa al autor del libro y al mismo Juantomás, a mi también me preocupan las presiones a REDTEL y el paquete de medidas para las telecomunicaciones, que se quiere aprobar el próximo día 5 de mayo en la Unión Europea. Por ello, yo también considero muy positivo que se aclaren estos hechos y se hagan oír el mayor número de voces en contra de estas medidas liberticidas, que pueden acabar con la libre difusión de la cultura y con la necesaria neutralidad de la Red.
Desde mi punto de vista, sin cultura no hay Red, es la cultura la verdadera esencia y utilidad de la misma y debemos tener claro que no es solamente cultura, aquella que tiene un precio. De hecho, si la cultura no se integra en la sociedad, no importa su precio, simplemente no es cultura.
Esta es una obra clave, necesaria y polémica quizás, en el que se exponen éstos y otros peligros que amenazan nuestros derechos y libertades en la red de redes. Da lo mismo la excusa, ya sea la seguridad, o los derechos intelectuales, todo sirve para restar derechos y libertades en la Red y lo peor, es que en la lucha por esa minoritaria cultura de pago, también puede caer la vasta cultura de dominio público, o la popular, que también es cultura y más arraigada que las otras.
El libro, como todos los de la colección "planta 29", está publicado bajo una licencia de dominio público y por ello, se puede descargar libremente de la Red. No deja de ser cusioso, que esta editorial, cuyas obras se publican todas con licencias libres, haya comenzado a tener beneficios tras solamente un año de andadura y en un momento de profunda crisis, en el cierran cientos de empresas y otras miles declaran pérdidas.
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Fuente: Informática verde
En el Parlamento Europeo están a punto de votar una barbaridad.
El lunes 7, a las 7 de la tarde, en Estrasburgo, se reúne el comité de Mercado Interno y Protección del Consumidor (IMCO). En el orden del día, el Paquete de Telecomunicaciones. Se votarán las enmiendas bautizadas como "enmiendas-torpedo" por la Asociación de Internautas y La Quadrature du Net. Se trata de otro ataque a la libertad y a la neutralidad de la red, en un nuevo intento de evitar las descargas que ellos llaman "ilegales" (nosotros decimos "compartir").
Las "enmiendas-torpedo", propuestas por el británico Malcolm Harbour (Partido Conservador, Partido Popular Europeo), son las siguientes:
- Enmienda H1: permitiría a los gobiernos establecer restricciones para evitar el "contenido ilícito" en Internet. La principal, actuar sobre la "calidad del servicio", o dicho de otra manera, reducir la velocidad del P2P, burlando la neutralidad de la red.
- Enmienda H3: inspirada en la "Guillotina Digital" de Sarkozy, obligaría a los proveedores de servicio a controlar y advertir por e-mail a los usuarios cuando se descarguen contenido ilícito.
Además, en otro Comité, el de Justicia y Libertades Civiles (LIBE), ya se han aprobado otras dos enmiendas, a propuesta del también conservador británico Syed Kamall, que permiten la instalación y ejecución forzosa de software en los PCs para detectar infracciones de propiedad intelectual. En cristiano, abre la puerta a que te instalen spyware (software espía) que compruebe si te bajas canciones.
La Quadrature du Net hace un informe detallado (en inglés) de lo que suponen estas enmiendas. Entienden que amenazan la arquitectura abierta de Internet, así como los derechos y libertades fundamentales de los usuarios.
La voz de alarma está dada. La Asociación de Internautas colgaba el jueves un comunicado en su web diciendo: "A los usuarios de Internet de Europa se les podría impedir realizar actividades lícitas por medio de spyware obligatorio, en aras a su seguridad."
Se ataca así el derecho a usar software libre (¿habrá versión del spyware para Linux?), y la neutralidad de la red (reducir la velocidad del P2P a propósito es violar la neutralidad de la red). El comunicado, titulado "Eurodiputados quieren torpedear la libertad en Internet", es una traducción del texto redactado por los activistas franceses de "La Quadrature du Net".
Pese a la gravedad del asunto, las noticias en Menéame apenas reciben votos (ni la versión en español, ni en francés).
El movimiento de los eurodiputados conservadores ha sido inteligente. Han presentado enmiendas complementarias en dos comités distintos, dificultando la visión de conjunto. Además, las han vendido como una herramienta para atacar la pornografía infantil, tratando así de convencer al mayor número posible de eurodiputados, que podrían no darse cuenta de que están votando contra el P2P.
Es necesario llegar hasta los europarlamentarios, aunque no hay mucho tiempo. La votación tendrá lugar en el Comité IMCO el lunes 7 a las 7 de tarde. Sin embargo, la hora límite son las 4 de la tarde, cuando los grupos políticos se reúnen para decidir su voto.
La jugada no se acabará aquí. El lunes es el Comité quien vota, pero ha de ser el Pleno del Parlamento Europeo quien refrende el voto, y esto no ocurrirá hasta septiembre. Lo que hay que hacer ahora es tratar de rechazar esas enmiendas, hacernos oír para que sepan que no bajamos la guardia. El lunes 7, cuando los eurodiputados abran su correo, han de tener cuantas más protestas sea posible sobre la mesa. Sólo nos quedan 24 horas.
Pídele a los europarlamentarios que voten en contra de las enmiendas H1, H2 y H3 en el Comité IMCO del lunes 7. Puedes empezar con son las direcciones de los eurodiputados españoles, y un pequeño texto:
Estimada eurodiputado/a,
Por la presente, le solicito que se posicione en contra de las enmiendas H1, H2 y H3, propuestas por el eurodiputado Malcom Harbour, que se presentan a votación el lunes 7 a las 7 de la tarde en el Comité IMCO, en el tercer punto del orden del día (COM(2007)0698).
Estas enmiendas son un ataque a la libertad de los usuarios en la red, y supondrían grandes dificultades en el uso de software libre y de aplicaciones P2P.
Me permito llamarle la atención sobre el comunicado de la Asociación de Internautas al respecto:
http://www.internautas.org
Agradeciendo su colaboración, reciba un cordial saludo.
Luego en Inglés, dirigida a los europarlamentarios de otros países y en especial, a los del Comité IMCO :
Dear Parliamentary member,
With this letter I suggest you to vote against the document COM(2007)0698, proposed by MEP Malcom Harbour next July 7th at IMCO Comission.
These amendings are in a practical way an attack to the freedom of users in the Internet, and would be a very big handicap for using free software in Europe.
Please let me suggest you the press release about this topic from the Foundation for a Free Information Infrastructure:
http://press.ffii.org/Press_releases/Eur
And this press release from the Spanish Internet Users Association:
http://www.internautas.org/html/5039.htm
Thank you very much for your attention and best regards
La relación de direcciones de correo a las que tienes que enviar los mensajes, aparece es en los comentarios de este enlace.
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Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; "Algunos derechos sí, pero sin garantía"
Madrid/Bruselas 14 de junio de 2007
Hispalinux, FFII, RITSI, Comfia-CCOO, COPYME, ATI, Internautas, AI2, Linux.es, APEMIT, Inciativa Focus, Legalventure, Iglues, ESLIC, AGNIX, LiMa, LiCor, GCubo, Informáticos Penitenciarios, Fundación Ciencias de la Documentación, IEPALA, GALPon, GALITE, GPUL, OuSLi, EstándaresAbiertos.org representando a 420.000 profesionales de las TIC
La Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) ha sido aprobada tras sufrir numerosas mejoras por parte del Congreso de los Diputados y del Senado con respecto a las carencias del Proyecto de Ley original remitido por el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP).
Dicho proyecto original no recogía ni las recomendaciones de la ONU sobre software libre y estándares abiertos, ni la política de interoperabilidad de la UE basada en los mismos. Tampoco era acorde a los propios informes internos del MAP, ni estaba alineado con la estrategia de sistemas abiertos generalizada en la década de los '90. Pero lo más grave era que este proyecto de Ley, a pesar de anunciarlo, no tenía en cuenta los derechos que la Constitución Española reconoce a los ciudadanos y no los garantizaba a la hora de éstos ejercerlos por medios electrónicos.
Afortunadamente, gracias al apoyo que grupos políticos como Cha, BNG, IU, ERC, ICV o incluso del propio Grupo Socialista, algunos defectos importantes se han corregido. Pero desgraciadamente no todos.
Entre los que se han conseguido está la garantía de no discriminación de los ciudadanos por su elección tecnológica. También se ha logrado definir por ley, con cierta precisión, lo que es un estándar abierto, algo que ya se ha hecho en los países europeos más avanzados como Francia Bélgica y Dinamarca.
La eficiencia y economía del gasto público no está garantizada.
Sin embargo la LAECSP concede a los ciudadanos el curioso “derecho” a dirigirse electrónicamente a los servicios públicos no solo con "estándares abiertos" (aquellos que son públicos y no tienen restricciones legales ni dependencias tecnológicas para su uso por parte de cualquier ciudadano o entidad) sino que "en su caso y de forma complementaria" también con aquellos formatos, protocolos o interfaces que, siendo exclusivos, secretos o patentados, "están ampliamente extendidos", extensión que se dilucida básicamente en función de la posición dominante de algunas multinacionales norteamericanas de software.
Esto hace que se pongan las condiciones para que las administraciones públicas incrementen su cautividad tecnológica y su dependencia de un solo proveedor, dado que, cuando un ciudadano decida usar uno de estos formatos, estarán obligadas por ley a atenderle y, por tanto, a pagar las regalías y posibles patentes para hacerlo. Este hecho es especialmente grave dado que supondrá un fortísimo incremento del gasto público en TIC que todos pagamos. Un derroche por otro lado absolutamente innecesario pues en todos los casos, esos formatos, protocolos o interfaces pueden ser fácilmente sustituibles por estándares abiertos existentes.
Esta paradójica situación quebranta el artículo 31 de la Constitución Española, aquel que establece que el gasto público responderá a los criterios de eficiencia y economía. Por lógica, si solo permitiera el uso de "estándares abiertos" no discriminaría a los ciudadanos por su elección tecnológica y además cubriría plenamente las necesidades y obligaciones de las AAPP a un coste económico y de dependencia tecnológica mucho menor.
El Estado paga a una entidad privada un canon por algo a lo que no está autorizado
Los equipos, aparatos y soportes materiales utilizados por las Administraciones Públicas para la realización de documentos y ficheros administrativos, así como los usados de forma instrumental o para el ejercicio de sus potestades, no pueden en ningún caso ser usados para realizar copias privadas de contenidos sujetos a derechos de autor. Sin embargo, y contradictoriamente, no estarán exentos del pago de la compensación equitativa y única por copia privada, de acuerdo a lo establecido en el art. 25 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Se propuso una enmienda para corregir este dislate legal, pero no fue aprobada.
El principio de transparencia y el derecho a conocer todo lo relativo a los procesos públicos no están garantizados
La ciudadanía debería tener derecho a auditar el código fuente de los sistemas informáticos que tramitan sus expedientes y procedimientos administrativos. Deberían poder conocer la totalidad del proceso automatizado mediante la informática.
Sin embargo, la Ley concede esa facultad a un único "organismo" encomendado a tal efecto. Por tanto, no hay garantías de que sea posible conocer con total transparencia las operaciones, procesos y transacciones que se realicen con los datos de los ciudadanos. Tampoco poder conocer y aportar mejoras al funcionamiento interno de nuestras instituciones. Esto por ende supone una importante merma de la calidad democrática de nuestro Estado.
El derecho al uso y aprovechamiento de los bienes públicos por parte de la ciudadanía y empresas no está garantizado.
La ley no pone a plena disposición de la ciudadanía y empresas todo el software, la información y el conocimiento generado en la implantación de la Administración Electrónica y que es sufragado con el erario público. Esto, además de ser un derecho básico consagrado en los artículos 44 y 128 de la Constitución Española y de tener un coste cero, constituiría la medida más eficaz para el impulso de la sociedad del conocimiento libre para todos y la mejora de la competitividad de nuestra economía como pone de manifiesto el "Study on the: Economic impact of open source software on innovation and the competitiveness of theInformation and Communication Technologies (ICT) sector in the EU". Ésto supondría, en definitiva, un revulsivo de muy bajo coste para la base tecnológica de las empresas de todos los sectores productivos del Estado.
En base a todo esto, los abajo firmantes instan a los grupos parlamentarios a introducir los cambios necesarios en el proyecto de “Ley de medidas de Impulso de la Sociedad de la Información” (LISI) para que modifique la LAECSP de forma que se subsanen estas carencias.
También instan a modificar la Ley General de Telecomunicaciones para que el acceso a Internet sea un servicio universal y neutro independientemente del medio, y sea atendido por operadores de telecomunicaciones como tal. De esta forma toda la ciudadanía estarán efectivamente en igualdad de condiciones a la hora de acceder a los Servicios Públicos electrónicos.
Firmantes:
- HISPALINUX: Jorge Fuertes, presidente, en nombre de “Asociación Española de Usuarios de Software Libre”, Madrid, +8.000 miembros, ámbito estatal
- FFII: Alberto Barrionuevo, vicepresidente, en nombre de “Förderverein für eine Freie Informationnelle Infrastruktur eV”, Munich, +100.000 “supporters”, +2.000 “active members” y +3.000 “corporative members”, ámbito internacional.
- RITSI: Asier Martínez Hernán, presidente, en nombre de “Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería e Ingenierías Técnicas en Informática”, Sevilla, +100.000 miembros, ámbito estatal y profesional (informática).
- Comfia-CCOO: Francisco González, miembro de la Secretaría de Comunicación, en nombre de “Federación de Servicios Financieros y Administrativos de CCOO”, Madrid, +100.000 afiliados, ámbito estatal y profesional.
- COPYME: Salvador Bellido Macías, presidente, en nombre de “Confederación General de la Pequeña y Mediana Empresa del Estado Español”, Madrid, 80.000 miembros, ámbito estatal y empresarial.
- Linux.es: Julian Coccia, presidente, en nombre de “Asociación Linux Español”, Salamanca, 12.985 suscriptores, ámbito iberoamericano.
- ATI: Fernando Piera, vicepresidente, en nombre de “Asociación de Técnicos en Informática”, Barcelona, +3.600 miembros, ámbito estatal y profesional.
- AI2: Javier Pagés López, presidente, en nombre de “Asociación de Ingenieros en Informática”, Madrid, +4.000 miembros, federación de ámbito estatal y profesional (informática).
- Internautas: Víctor Domingo, presidente, en nombre de “Asociación de Internautas”, Madrid, +2.000 miembros, ámbito estatal.
- APEMIT: Josep Jover Padró, presidente, en nombre de “Asociacion Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informatica y Nuevas Tecnologias”, Barcelona, +1.500 miembros, ámbito estatal y empresarial (informática).
- Iniciativa Focus: Antonio Rivera, presidente, en nombre de “Asociación Iniciativa Focus”, Málaga, +400 miembros, ámbito regional (Andalucía).
- AGNIX: Roberto Brenlla, presidente, en nombre de “Asociación de Usuarios GNIX”, Santiago de Compostela, +60 miembros, ámbito regional (Galicia).
- GLUG: Miguel Ángel Fernández Morales, presidente, en nombre de “Grupo de Usuarios de GNU/Linux de Galicia”, 90 miembros, ámbito regional (Galicia).
- LiMa: Antonio Rueda, presidente, en nombre de “Asociación Malagueña de usuarios de Linux de Málaga”, Málaga, +130 miembros, ámbito provincial (Málaga).
- LiCor: Pablo Álvarez de Sotomayor, presidente, en nombre de “Asociación Linux Córdoba”, Córdoba, +30 miembros, ámbito provincial (Córdoba).
- GCubo: Arturo González Ferrer, president, en nombre de "Grupo de Usuarios Gnu/Linux de Granada", Granada, +40 miembros, ámbito provincial (Granada).
- Informáticos Penitenciarios: Juan Carlos Moral Payá, presidente, en nombre de “Asociación de Informáticos Penitenciarios”, Valencia, +70 miembros, ámbito nacional.
- ESLIC: Luis Gonzalo Aller Arias, en nombre de “Asociación de Empresas de Software Libre de Canarias”, Santa Cruz de Tenerife, 12 empresas con más de 40 trabajadores, ámbito regional (Canarias) y empresarial (informática).
- Fund. Ciencias Documentación: José Raúl Vaquero, presidente, en nombre de “Fundación Ciencias de la Documentación”, Cáceres, ámbito iberoamericano y profesional (documentalistas).
- IGLUES: René Mérou, vicepresidente, en nombre de “Asociación Iniciativa de Gestión Libre Universal para Empresas y Sociedades”, Palma de Mallorca, 40 miembros, ámbito nacional.
- Legalventure: José María Lancho, presidente, “Asociación Legalventure”, Madrid, ámbito estatal y profesional (abogacía).
- IEPALA: María Pilar Colchero, secretaria general, en nombre del “Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África”, Madrid, +180 miembros, ámbito internacional.
- GPUL: Emilio J. Padrón González, presidente, en nombre de "Grupo de Programadores y Usuarios de Linux", A Coruña, 260 miembros, ámbito provincial.
- GALPon: Carlos Rodríguez García, presidente, en nombre de “Grupo de Amigos de Linux de Pontevedra”, Pontevedra, 55 miembros, ámbito provincial.
- GALITE: Borja Ferreira de la Fuente, presidente, en nombre de “Grupo Asociado pola Libre Información e a Tecnoloxía”, Foz (Lugo), +30 miembros, ámbito provincial.
- OuSLi: Antonio Martínez Carballo, presidente, en nombre de “Asociación Cultural Ourensana de Software Libre”, Ourense, 7 miembros, ámbito provincial.
- EstandaresAbiertos.org: Alberto Barrionuevo, coordinador, en nombre de “Proyecto Estándares Abiertos” (jurídicamente dependiente de OPENTIA, S.L., Colmenar Viejo), 61 participantes, ámbito iberoamericano y profesional (informática).
Los Senadores no lo han tenido en cuenta
Mi buen amigo Roberto Santos ha escrito un interesante artículo que demuestra, con la Ley en la mano, que nuestros Senadores no han tenido en cuenta dicha Ley a la hora de redactar sus enmiendas a la LAECAP (Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas). Como resultado la LAECAP ha salido del Senado peor que entró.
Hay cosas en este artículo que no deberían pasar desapercibidas para nadie. Las modificaciones propuestas en su momento por Hispalinux, además de su enorme contenido social, estaban plenamente ajustadas a derecho y tenían en cuenta toda la legislación aplicable. O dicho de otro modo, estaban ajustadas a derecho por su elevado contenido social. Aunque para muchos españoles esto les parezca imposible tal como están las cosas, no es cierto que el derecho esté reñido con los derechos de los ciudadanos.
Hispalinux solamente habría traspasado a la Proposición de Ley de la LAECAP, que fundamentalmente trataba de derechos de los ciudadanos, otros derechos reconocidos en la Constitución y en la legislación de Derecho Administrativo, así de simple y así de rotundo.
Desde luego, si antes era complicado justificar los motivos y circunstancias por los que no se aceptaban las modificaciones propuestas por Hispalinux , he de decir, que ahora es imposible. Así y todo, veremos la Ley que sale al final del Congreso el próximo día 17 del presente mes. Por el momento, solamente me pregunto lo mismo que esos 250.000 profesionales de las nuevas tecnologías que apoyaron las mismas propuestas que Hispalinux ¿lograrán enmendar este error?.
Como se puede ver, dejarse llevar por políticas partidistas, o por las consignas de las multinacionales, puede tener consecuencias inesperadas, como ir en contra de la legislación vigente, o pisotear derechos básicos de los ciudadanos.
Por el momento, recomiendo encarecidamente la lectura del artículo de Roberto y su difusión, puesto que es importante que la gente sepa lo que está pasando realmente con esta iniciativa legislativa y los pocos argumentos que hay para justificar el proceder de nuestros políticos.
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Los que siguen este blog saben que la LAECAP no comenzó con buen pie, pero después de mucho negociar escribir y hablar, las cosas fueron mejorando, llegando a tener una redacción medianamente aceptable.
Desgraciadamente tras pasar por el Senado, las cosas han cambiado y a peor, podemos decir, que a mucho peor. La mayoría del PP + PNV han echado por tierra todo el trabajo eliminando cosas que representaban derechos fundamentales e irrenunciables de los ciudadanos. De nuevo, los intereses de los partidos, con su peculiar forma de ver las cosas tan ajena a lo que quiere y necesita el pueblo, se anteponen a los intereses de los ciudadanos.
Hispalinux ya ha alertado de lo que está pasando y hay poco tiempo para convencer a nuestros políticos, se vota el próximo día 7 de Junio.
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director general de modernización. Este señor es el que está bloqueando sistemáticamente las enmiendas propuestas. El señor ministro ha delegado completamente la ley en sus manos. Juan Miguel Márquez no tiene claro que es un estándar abierto y no quiere oír de liberar nada que no sea lo excelente y neutral que es su ley.
Cualquier comunicación que hagáis al ministro, a la prensa, a un consejero, a un diputado/senador, ponerle en copia que no le va a hacer ninguna gracia tener que explicar por que tiene tanto interés.
Saludines desde el MAP
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Pues esto es lo que aparece en Barrapunto, más gráfico no puede ser, pero también he de decir, que no deja de ser patético que las cosas estén así en el siglo XXI, si es que es verdad, que es este señor, alto cargo del Ministerio, el que está bloqueando las propuestas. Propuestas, que todo hay que decirlo, son de lo más razonables y no perjudican a nadie.
Sr. Ministro, no estaría mal que usted hiciera algo, al fin y al cabo, este es un cargo de confianza suyo y creo recordar, que las responsabilidades no se delegan. Seguramente un toque de calidad y una llamada a la responsabilidad, podrían salvar esta situación, de forma muy elegante. No obstante, esto no salva la penosa situación que provoca que partidos mayoritarios no hayan tomado posición ante una Ley que se votará en unos pocos días.
De todos modos, creo que esto es algo que no debería pasar con una persona con este impresionante curriculum en torno a las nuevas tecnologías:
A pesar de ello, lo Barrapunto dice lo siguiente con letras de molde, por si alguien no ha visto el enlace:
El responsable es Juan Miguel Marquez
(Puntos:1, Informativo)