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November 3rd, 2012

3000 euros contra la transparencia





Dentro de las cosas sorprendentes que ocurren en este país, nos encontramos con esta nota de prensa de Access Info Europe:


Madrid 29 de octubre de 2012 – Access Info Europe tendrá que pagar 3.000 euros por preguntar cuáles son las medidas que España está implementando para luchar contra la corrupción. Según la sentencia del Tribunal Supremo que cierra el caso que comenzó en 2007, no tenemos derecho a solicitar esa información.

El principal argumento del Tribunal Supremo es que la información solicitada por Access Info Europe sobre el cumplimiento de España con las obligaciones impuestas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es en realidad una forma de pedir explicaciones al gobierno y no una solicitud de información en sí. El Tribunal no se pronuncia sobre la alegación principal, que es la violación del derecho de acceso a la información, reconocido internacionalmente como un derecho fundamental.

“El problema es que la Administración no llega a contestar a Access Info Europe, lo que obliga a la organización a acudir a la vía judicial, una vía lenta y costosa para todos pero especialmente las ONG, para poder seguir con su trabajo”, comentaba Enrique Jaramillo, abogado defensor de Access Info Europe en este caso.

“El Tribunal Supremo reconoce que la Administración incumple con su obligación de contestar, escudándose en la figura del silencio administrativo, y condena en costas a quien reclama amparo judicial con una sentencia que ni siquiera entra en el fondo del asunto”, explica Jaramillo, y añade que “el riesgo de tener que pagar costas es un desincentivo enorme para el ciudadano y hace menos probable que alguien decida impugnar judicialmente la falta de respuesta a una solicitud de información.”

Según los estudios y monitoreos que Access Info ha desarrollado desde 2006 en España, el nivel de silencio administrativo en la solicitudes de acceso a la información a instituciones españolas es de media de un 50%.
España, en el marco de sus obligaciones como país firmante de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), debe completar cada dos años un formulario de autoevaluación en el que detalla qué está haciendo para implementar las medidas para luchar contra la corrupción. Esta información en España no es pública.

“Esta situación es bastante sorprendente, especialmente para un país que está diciendo a la comunidad internacional que está haciendo

esfuerzos por mejorar la transparencia, en concreto para luchar contra la corrupción” comentaba Helen Darbishire, directora ejecutiva de Access Info Europe.

“Access Info Europe ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional y recurrirá esta decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, añadía Darbishire.

Un estudio internacional, “Cuenten lo que han hecho”, publicado en 2011, halló que países como Argentina, Armenia, Chile, Colombia, o Reino Unido entregaban al público la información sobre la implementación de medidas anticorrupción que Access Info Europe intentaba conseguir en 2007 para poder participar en el debate público sobre la lucha contra corrupción en España.
España sigue siendo el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de acceso a la información pública. Esta situación también coloca a España en la lista de incumplidores de la UNCAC que recoge en su artículo 13 la necesidad de “garantizar el acceso eficaz del público a la información”.

“Es una situación que roza lo ridículo y que además de seguir sumando derrotas a la transparencia en España, perjudica aun más la imagen y la reputación de las instituciones públicas españolas, ya bastante menoscabada por la crisis”, comentaba Victoria Anderica, coordinadora de campañas de Access Info Europe.

Para más información, contactar con:

Victoria Anderica, Legal Research and Campaigns Coordinator, Access Info Europe
victoria@access-info.org

Notas al editor:

1. Puedes encontrar toda la información sobre este caso en el siguiente link: http://www.access-info.org/es/litigios/297-litigation-by-access-info-europe-against-spains-ministry-of-justice

2. Access Info Europe lanzará próximamente una campaña para financiar otros litigios, de momento si quieres ayudarnos puedes enviar una aportación económica, más información en este link: http://www.access-info.org/es/apoya-a-access-info-europe

Más información

- 1ª Carta al Presidente del Gobierno  file_pdf

- Sentencia del Tribunal Supremo  file_pdf


"Copyleft 2012 Fernando Acero Martín. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved."
"Copyleft: Creative Commons License Attribution, Non Commercial, Share Alike Fernando Acero Martín. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved. Quotation is allowed."

Algo que me ha preocupado seriamente



Hace unos días recibí un correo electrónico con un texto que me ha puesto los pelos de punta, seguramente muy mediatizado por el hecho de que a mi padre lo mataron en la carretera y tuve que recurrir a los tribunales en defensa de mis derechos. Evidentemente, el caso que narra es muy grave y se hablan de grandes indemnizaciones. El caso es que la Constitución Española dice en su Artículo 119 "La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar", pero al parecer, la Ley está dejando de disponer que la justicia sea gratuita para mayor injusticia de los desheredados. El texto es el siguiente, proviene de una "Causa" creada por Miguel Caride y me gustaría conocer vuestra opinión:

DEMUESTRA LO INJUSTO DE LAS TASAS JUDICIALES COMPARTIENDO TU HISTORIA. CALCULA LA TASA QUE LE CORRESPONDERÍA A ALGÚN ASUNTO DE TU DESPACHO Y SORPRÉNDENOS.

Posted by Miguel Caride

Nada mejor que los ejemplos prácticos para demostrar la barbaridad que supone la aplicación de las tasas judiciales impuestas por Gallardón. Toma el proyecto ya aprobado por el Congreso (pendiente del trámite del Senado) y algún caso significativo de tu despacho (si eres abogado) o de tu propio asunto (si no lo eres) y calcula el importe resultante de la tasa.

No olvidaros que, a parte de las cuantía fijas (Verbal 150 €, Ordinario 300 €, Monitorios 100 €, Ejecuciones y Concursos 200, € Apelación 800 € Casación 1.200 € C-A Abreviado 200 € C-A Ordinario 350 €, Suplicación laboral 500 € y casación laboral 750 €) hay que pagar, como cuantía variable el 0,5 % de la cuantía litigiosa hasta 1.000.000 € y a partir de 1.000.000 de € de cuantía litigiosa el 0,25 % de la misma (con el límite de 10.000 € por instancia).

MI HISTORIA REAL es la siguiente:

Ocupante de un vehículo que sufre tetraplejia y múltiples lesiones a consecuencia de un accidente de tráfico; entre lesiones, secuelas, invalidez, ayuda de tercera persona, etc. importe de la reclamación a las cías. aseguradoras del vehículo en el que viajaba y del tercer implicado: 1.300.000 €. Tasa judicial que correspondería por interponer demanda en primera instancia: (300 € + 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 1.000.000 €) 6.050 €!!!!.

Si hubiese que recurrir en apelación (800 € + 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 1.000.000 €) : 6.550 €!! y si hubiese que hacerlo en casación (1.200 € + 0.5% cuantía hasta 1.000.000 € + 0,25% cuantía que excede de 1.000.000 €): 6.950 €!. Total para las tres instancias: 19.550€!! y como son tres instancias distintas aquí no se aplica el límite de 10.000 € (ya que dicho límite es por instancia).

La aseguradoras no han consignado ni un duro por que discuten entre sí la responsabilidad. El juzgado de instrucción ha dictado auto de archivo remitiendo el asunto a la jurisdicción civil. El lesionado no tiene derecho a justicia gratuita por que ganaba, hasta la fecha del accidente 1.600 €. Al día de la fecha se encuentra totalmente asfixiado económicamente pues el coste de su asistencia mensual (necesita ayuda especializada las 24 horas del día) supera en casi diez veces la pensión de invalidez que recibe).

En casos como este, una vez que entre en vigor la ley de tasas ¿qué vamos a hacer¿? Dejar de demandar y matar definitivamente en vida a víctimas como esta?¿Demandar por la décima parte de lo que señala el Baremo para así pagar una tasa "asequible"?¿Tragar por la miseria que ofrezca una compañía y que no llegue ni para cubrir un año los gastos de asistencia del perjudicado?¿Organizar una colecta especial a través de las redes sociales para conseguir el dinero necesario para que gente como esta pueda pagar la tasa judicial que les permita demandar, como cuando se recauda dinero para conseguir un tratamiento especial en Houston -al fin y al cabo, en ambos casos se trata de salvar una vida-?

"Copyleft: Creative Commons License Attribution, Non Commercial, Share Alike Fernando Acero Martín. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved. Quotation is allowed."

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