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Me cuesta pensar que estoy equivocado; LAECAP

Me cuesta pensar que estoy equivocado; LAECAP


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LA POLÉMICA


Realmente cada día estoy más perplejo con este asunto de la LAECAP (Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas). Si buscamos en Google el término "LAECAP", veremos que las críticas a su redacción superan ya con creces la página de referencia de la Administración "060". El caso es que no soy el único que no está de acuerdo con su redacción, asociaciones como HispalinuxATIRITSI, FFII, Linux Español, Internautas, AGNIX, ESLIC o gran parte de la blogosfera, tampoco están de acuerdo. Ni que decir, que tanta discrepancia no ha pasado desapercibido para El Mundo, Terra, Kriptópolis, Barrapunto o Menéame. También basta con leer  los comentarios de la gente, en los sitios en los que hay esa posibilidad, para ver que gran parte de la población tampoco está conforme con lo que dice el Proyecto de Ley. ¿Pero cuáles son las discrepancias?, básicamente tres, que se defienden con mayor o menor fuerza por parte de la ciudadanía:

a) La utilización de estándares abiertos.

b) Que el software adquirido por la Administración quede a disposición de otras administraciones y los ciudadanos que lo pagan.

c) El uso de Software Libre.

Gran parte de la polémica, se ha
centrado una propuesta de cambio del artículo 6, dedicado a los derechos de la ciudadanía en Proyecto de Ley que dice:

"A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con las administraciones públicas siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

La propuesta era presentar unas modificaciones transaccionales a la redacción en este sentido:

Las administraciones públicas utilizarán estándares abiertos así como, en su caso y de forma complementaria, estándares que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

Algo que como veremos más adelante, tampoco considero que sea demasiado correcto, pero también es cierto que menos es nada.


Lo curioso de todo esto, es que las voces que no están de acuerdo con la mayoría no son ni más ni menos que personas con puestos relevantes en la Administración, especialmente del Ministerio de Administraciones Públicas y del Ministerio de Industria Turismo y Comercio. El pasado jueves 22 apareció en Barrapunto un comentario que señalaba al Director General de Modernización D. Juan Miguel Márquez, como responsable de no aceptar las enmiendas propuestas. Después, D. Rafael Chamorro, antiguo Presidente de ASTIC, en su blog llama demagogos a los que defienden esa postura y además, trivializa con los estándares usando como ejemplo, el ominipresente y poco adecuado formato ".doc" de Microsoft Word. Finalmente, D. David Cierco Jiménez, Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información y Coordinador del Grupo Sectorial del PSOE para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, durante un evento en Málaga, contestó de esta forma a unas preguntas que le hicieron al respecto:

P:¿Dentro de la campaña por Software Legal se contempla como opción, aunque no sea prioritaria, el Software Libre?
R: El software libre es legal.

P: ¿Que medidas contempla el plan Avanza para potenciar el Software Libre?
R: Sin respuesta

P: Inicialmente agradezco que haya expuesto que se debe acortar la brecha digital, que se debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos a la administración, la e-democracia,... pero que parece que esto el gobierno no lo tiene muy claro y por eso: Tras todas las polémicas actuales sobre la nueva LAECAP (Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones), y en particular sobre los estándares abiertos y el software libre, ¿por qué no apoyar desde el gobierno políticas similares a las que se aplican en comunidades socialistas como Andalucía, Extremadura y Galicia?
R: Los estándares son algo complejos, pero es que además desde Europa se nos marcan las directrices que no nos permiten abiertamente apostar por los estándares abiertos. El software libre está bien, pero para que las pequeñas empresas españolas tecnológicas ganen dinero, es necesario que vendan su software, de ahí que no puedan optar por el software libre.

Dicho esto, intentaré que mis opiniones se basen en algo más sólido que la de estos señores, más que manda, para que no me llamen demagogo de nuevo. Veremos los motivos por los que he dicho anteriormente que estas opiniones, que recordemos que proceden de notables responsables de la Administración española, me han dejado perplejo.


LO QUE DICE EUROPA REALMENTE


En la página web del IDABC, que persigue la interoperabilidad en las relaciones de los ciudadanos,  empresas y administraciones, solamente se habla de estándares abiertos y de software libre. Pero es más, estas mismas ideas aparecen reflejadas con precisión y en el idioma de Cervantes, en una página Web del Ministerio de Administraciones Públicas.

Recomiendo leer detenidamente el contenido de está página, que también está disponible en la forma de documento [pdf],  para que el lector pueda comprender mi perplejidad por los comentarios y actitudes anteriormente citadas. Para los que no tengan mucho tiempo, aquí un resumen de lo más importante de documento:

"La interoperabilidad presenta dimensiones de naturaleza organizativa, que contempla la modelización de los procesos y la colaboración entre las administraciones; semántica, que contempla no sólo que los recursos de información puedan estar conectados, sino que también la información pueda ser interpretable de forma automática y consecuentemente reutilizable por aplicaciones informáticas que no intervinieron en su creación; y técnica, que es la forma más directa de interconexión de aplicaciones a través de diversos componentes tecnológicos; en particular, el desarrollo y ubicuidad de las tecnologías Internet, sobre la base de estándares y especificaciones abiertos universalmente aceptados han permitido un alto grado de interoperabilidad técnica. "

"Un Marco de interoperabilidad es el instrumento que define los principios, políticas, directrices, especificaciones técnicas, recomendaciones y orientaciones para los servicios de administración electrónica, a fin de garantizar la interoperabilidad y la accesibilidad entre los sistemas de las Administraciones Públicas, entre sectores administrativos y con los ciudadanos. "

"El Marco Europeo de Interoperabilidad se construye sobre la base de los ocho principios siguientes: accesibilidad, multilingüismo, seguridad, privacidad, subsidiariedad, uso de estándares abiertos, valoración de los beneficios del software de fuentes abiertas y uso de soluciones multilaterales."

"Los miembros del Comité de Telemática entre Administraciones, comité gestor del Programa IDA, de 25 Estados miembros, respaldaron las recomendaciones de 25 de mayo de 2004 relativas a la promoción de la utilización de los formatos abiertos de documentos. Estas recomendaciones reconocen la responsabilidad que tienen las Administraciones europeas en cuanto a asegurar que el acceso a la información del sector público y las interacciones con los ciudadanos y las empresas se produzca en condiciones de neutralidad tecnológica y de producto y hacen los llamamientos a los diversos actores involucrados. "

Visto lo anterior, parece claro que la manida "neutralidad tecnológica" no está reñida con los "estándares abiertos", es más, parece que la única forma de conseguirla es usando estándares abiertos. Por otra parte, en la documentación citada se habla de riesgos económicos, estructurales o sociales, en el caso de no llevar a cabo las políticas adecuadas, que insisto, pasan por el uso de estándares abiertos y software de fuentes abiertas en la Administración.

"Recomendación: Los principios anteriores, deberían ser tenidos en cuenta en el despliegue de servicios de administración electrónica en el nivel paneuropeo."

El Marco Europeo de Interoperabilidad, contempla que los estados miembros dispongan de un marco de interoperabilidad propio, o de un instrumento equivalente, que en el caso de la Administración Española, se corresponde con lo establecido en los Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades (RD 263/1996, RD 209/2003, ORDEN PRE 1551/2003). Y sinceramente, como ya he dicho en otras ocasiones, me conformaría con que todas las administraciones españolas (central, autonómica y local) tomasen este documento como referencia y adoptasen sin reservas esos criterios y recomendaciones que están basadas en consideraciones independientes y en motivos de peso.

Las páginas del IDABC y del MAP están llena de documentos interesantes, que vienen a remarcar en blanco sobre negro lo que hemos visto hasta ahora:

a) Estudio del programa IDA sobre el uso de los programas de fuentes abiertas en el Sector Público.

b) Estudio del programa IDA sobre la posibilidad de compartir programas de fuentes abiertas entre las Administraciones Públicas en Europa.

c) Directrices IDA de migración a software de fuentes abiertas.

e) Propuesta de recomendaciones de la Administración General del Estado sobre utilización de software libre y de fuentes abiertas.

Si nos leemos todos estos documentos, algo que recomiendo, tendremos las ideas muy claras sobre el camino a seguir para lograr una Administración moderna, plural, económica, eficiente y eficaz. Camino que parece que es muy divergente al que nos plantean los destacados miembros  de nuestra Administración aludidos anteriormente.

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PARA NO TRIVIALIZAR CON LOS FORMATOS

Para que nadie trivialice con el grave tema de los formatos, veamos un poco de lo que se dice en los
Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades al respecto. Serán solamente dos pinceladas que restringiremos a los formatos de texto, pero recomiendo una lectura más a fondo de este interesante documento, que todo hay que decirlo, parece que se han leído pocos políticos y responsables de la Administración española.

"CRITERIOS:

4.1 Se debe seleccionar un conjunto común de estándares de formato de fichero: gráfico, texto, datos, audio y vídeo que faciliten el acceso y circulación de la información, y su posterior recuperación y conservación.


RECOMENDACIONES:

-  Utilizar un formato texto que conserve la estructura del fichero, puesto que con estructura el fichero es independiente del equipo y de fácil manejo, mientras que sin estructura el fichero es una secuencia de caracteres difícil de manejar.

Utilizar aquellos formatos de datos y programas para los que en la medida se disponga de especificaciones públicas y libres de royalties y patentes.

-  Utilizar un formato de gráficos cuya relación calidad y pérdida de información sea menos relevante en relación al mayor grado de compresión obtenido.

Utilizar el formato de audio y vídeo que en la medida de lo posible sean especificaciones públicas y libres de royalties y patentes.

-  Los formatos de fichero recomendados como propuesta ideal figuran en negrita y cursiva en cada uno de los siguientes tipos:

-  1.- Formatos de texto:

TXT: formato simple que permite su lectura a cualquiera.

PDF: permite visualizar documentos reproduciendo todas las características del original en ficheros de menor tamaño, independientes de la aplicación y plataformas, su especificación es pública y también se encuentra extendido para la distribución y difusión formal de documentos y para su acceso y visualización.

-  RTF: formato que constituye un mínimo común entre procesadores de texto diferentes.

-  SGML: norma internacional ISO 8879, del mundo editorial, que almacena el texto y su estructura, pero no tiene atributos de presentación; actualmente está siendo reemplazado por XML y HTML.

XML: dialecto del SGML adecuado para definir documentos independientes de la plataforma y procesarlos de forma automática pues distingue entre estructura, contenido y presentación, ofreciendo mayores posibilidades que HTML.

HTML: versión simplificada del SGML que se utiliza en los servidores web, muy útil para la difusión de información.

SXW: formato de los documentos de texto manejados por el software libre openoffice.org.

-  Encapsulated PostScript: utilizado para enviar e imprimir documentos junto con su presentación, de forma que se asegure que la salida impresa es correcta con independencia del dispositivo utilizado.

-  Especificación CSV para el intercambio de tablas, delimitadas por comas."


Como se puede ver, el formato ".doc", el más utilizado en la Administración, no está en la lista anterior. Los motivos son varios, pero lo más importantes son:

a) Es un formato binario propietario, que está sujeto a la posibilidad de desaparecer en cualquier momento (criterio de conservación).

b) No garantiza que se pueda recuperar la información en el futuro (criterio de conservación).

A pesar de ello, el 99% de la información que circula en la Administración española se distribuye y almacena en el formato ".doc". Pero el problema de los formatos puede ser tan grave, que en los Criterios de Conservación también se establece lo siguiente, y que desgraciadamente parece que tampoco se cumple:

"Reescritura de los archivos en soporte electrónico

CONSIDERACIONES:

Si la aplicación genera datos en un formato propietario, existen varias soluciones para conservar los datos a largo plazo, como es el caso de conservar el sistema completo para poder acceder a la información o migrar ésta a un formato estandarizado, aunque el coste de conversión de la información electrónica a un nuevo formato sea elevado, ya que el no hacerlo puede tener un coste aún más importante."

El procedimiento propuesto por el MAP, como ejemplo para solucionar este grave problema,  es el siguiente:

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Visto lo anterior, creo que están claros mis motivos para quedar perplejo cuando se trivializa alegremente con los formatos de los documentos que se usan en la Administración. Desgraciadamente, a pesar de las razones de peso que aparecen en los Criterios de Conservación del MAP, no parece que se le esté haciendo demasiado caso a este grave problema y no es otro, que el poco adecuado formato ".doc" de Microsoft, el que campa a sus anchas en nuestra querida Administración.

Profundizando más en la materia, en los Criterios de Conservación del MAP, también se dice lo siguiente sobre el uso del software de fuentes abiertas, formatos, accesibilidad y la perdurabilidad de la información de la Administración:

"CRITERIOS:

3.12 Cuando se pongan los documentos administrativos a disposición del ciudadano debe utilizarse un formato o formatos tales que puedan ser accedidos desde diversos productos alternativos. A este fin son de referencia los formatos incluidos en el capítulo ‘Formato de la información en soporte electrónico’."

Software libre y de fuentes abiertas

CONSIDERACIONES:

Desde el punto de vista de la conservación de la información en soporte electrónico, la utilización de software libre y de fuentes abiertas facilita un mayor control de las aplicaciones y de los formatos en los que se almacena la información, en términos de longevidad, estabilidad y mantenimiento, frente a posibles vicisitudes relativas a la continuidad de los productos, herramientas y formatos por razón de soporte, descatalogación o política comercial".


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Imagen del primer Consejo de Ministros de la presente legislatura
(imagen del Departamento de del Ministerio de la Presidencia).



LAS RESPONSABILIDADES MINISTERIALES

Más perplejo me quedo, al observar que estas personas que han hecho declaraciones en contra del uso de estándares abiertos, pertenecen a ministerios que tienen responsabilidades a la hora de preservar la "neutralidad tecnológica" usando para ello "estándares abiertos" y "software libre o de fuentes abiertas", tal como se establece por la Unión Europea.  En la página Web del Ministerio de Administraciones Públicas se dice lo siguiente:

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

El MAP ejerce, en el programa IDABC, las tres líneas siguientes:

1. Apoya la integración de la Administración en los servicios transeuropeos.

2. Canaliza las políticas y directrices de tecnologías de la información desde el ámbito europeo al de la Administración. Así, por ejemplo, la Intranet Administrativa recoge el modelo de la red transeuropea TESTA y los Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones para el ejercicio de potestades (RD 263/1996, RD 209/2003, ORDEN PRE 1551/2003) tienen presente el Marco Europeo de Interoperabilidad y las Directrices de Arquitectura.

3. Difunde y usa aquellos productos del Programa IDA/IDABC que tienen interés y utilidad para la Administración fuera del contexto de los servicios transeuropeos. Es el caso de CIRCA y de diversos documentos relativos a la política de uso de software de fuentes abiertas y a la política de seguridad (flujo de documentos oficiales clasificados de la UE e infraestructuras de clave pública).

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO:

"El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio apoya la estrategia y actuaciones de la Administración en el Programa IDABC en el marco más general del impulso y promoción del desarrollo de la Sociedad de la Información, de la Administración electrónica y de la ejecución de los Planes de Acción eEurope 2005 e i2010."

¿Realmente están desarrollando estos cometidos ambos Ministerios?. Mucho me temo que el desarrollo de estos cometidos estratégicos no están asegurados en este momento, en base a las declaraciones y las actuaciones de estos responsables ministeriales.

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Banderas de las Comunidades Autónomas españolas (Fuente página del Congreso).

LAS OTRAS ADMINISTRACIONES


Ahora me podrían llamar demagogo, por decir que lo que he mostrado hasta el momento solamente es aplicable a los servicios transeuropeos de e-Administración. Bueno, eso "solamente" es cierto en parte, ya que los
Criterios de seguridad, normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades, son (o deberían ser) de aplicación en la Administración General del Estado.

Pero avancemos algo más en este asunto. ¿Qué es lo que nos hace pensar que lo que es bueno para la administración en Europa, no es bueno para la administración, central, autonómica o municipal española? ¿Acaso hay distintos criterios para lograr la interoperabilidad, o la independencia tecnológica, en función de las distintas administraciones?, la respuesta a estas preguntas es evidente, la contestación a la primera es sí y a la segunda es no. Pero no soy yo el único que lo ve así.

Durante la I Cumbre Europea de Interoperabilidad, que se celebró en Valencia del 22 al 24 de 2006, con la asistencia de una gran cantidad de expertos de las administraciones europeas, se redactó y firmó una Declaración de Interoperabilidad. Entre las prioridades de dicha Declaración estaba esta:

B. La participación activa de las administraciones locales y regionales, como entidades más próximas al ciudadano, en la consolidación, profundización y dinamización del Marco Europeo de Interoperabilidad (EIF), así como para el aprovechamiento de las sinergias concurrentes entre éste y los diferentes marcos de interoperabilidad, regionales o locales.

Es decir, que la interoperabilidad de las administraciones debe afectar a todas ellas y su marco normativo, debería ser el Europeo. No lo he dicho yo, recuerden, lo han dicho expertos internacionales reunidos en Valencia.

Además, no olvidemos que en España se ha aprobado y por unanimidad, una Proposición no de Ley (PNL) para la promoción del Software Libre en la Administración y está claro que la Administración no se puede dirigir como una empresa. Los objetivos y los métodos para lograr sus objetivos son distintos en las empresas y en la Administración. La Administración no se puede quedar sin clientes, pero sus decisiones y políticas, si son equivocadas, afectan negativamente a todos los ciudadanos, algo que también se olvida con frecuencia.

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El uso de un estándar abierto es garantía de interoperabilidad entre sistemas.


LA DEFINICIÓN DE ESTÁNDAR ABIERTO

Parece que uno de los problemas para aceptar la redacción alternativa del artículo 6 del Proyecto de Ley estaba en la "dificultad" para definir "estándar abierto", cuando realmente hay muchas definiciones válidas. A mi personalmente, me gusta la siguiente:

Un estándar abierto es el que cumple con las siguientes características:

1. Está publicado y su especificación y documentación completas están disponibles de forma gratuita, o al precio de coste de su distribución.

2. Su propiedad intelectual se ofrece de forma irrevocable libre de regalías, de cualquier otro derecho de explotación de la propiedad intelectual y no sujeto a patentes o contratos que restrinjan su uso y reutilización directa o indirectamente.

3. Existe al menos una implementación de referencia que desarrolla todas las funcionalidades de la especificación, que está disponible bajo una licencia que permite que sea usada para cualquier propósito y que pueda ser copiada, estudiada, mejorada y distribuida libremente, con o sin cambios.

Sin duda, es responsabilidad del Ministerio de Administraciones Públicas, el encargado de definir con precisión este término, sirva este granito de arena por si les sirve la que les acabo de proponer.

Pero como he dicho al principio, mezclar en la redacción el concepto de "estándar abierto", con el nebuloso concepto de "otros que sean de uso generalizado", puede que no sea una buena idea, al menos, para una Ley. En primer lugar, los "estándares abiertos" también pueden ser de "uso generalizado", por lo que "ser de uso generalizado" no es una condición que defina con precisión una alternativa a los "estándares abiertos".

Por otra parte, mientras que algunos argumentan que es complicado definir "estándar abierto", algo que no me ha tomado a mi ni 10 minutos, yo veo verdaderamente complicado definir "estándar de uso generalizado". ¿Cuándo lo consideramos así, si es utilizado por el 88,8% de los ciudadanos, o si es usado por el 50,0001% de la ciudadanía?  y en el caso de poder definirse ¿cómo se mide que un estándar es realmente de "uso generalizado"?. Es más, si se define y se usa en la Ley, ¿qué pasa con el segmento de la población que no está dentro de ese "uso generalizado? ¿Acaso se tienen que quedar sin e-Administración por esta cuestión técnica?.  Como se puede ver, no es algo banal.

Seamos serios, en toda la documentación que he revisado, que es mucha y diversa, en ningún caso se usa otra cosa que no sea "estándar abierto", si se quiere garantizar la "neutralidad tecnológica" necesaria en toda Administración moderna. La neutralidad tal como la concibe la documentación de la Unión Europea, hay que entenderla desde el lado de los ciudadanos, no desde el lado de la Administración. Dicho de otro modo, la tecnología utilizada por la Administración ha de ser transparente para los ciudadanos y no al contrario, como pretenden las multinacionales del software. 

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Dinamarca encabeza la lista de países líderes
en las Tecnologías de la Información y ha adoptado
los estándares abiertos para todas sus administraciones.


LA PRUEBA DEL ALGODÓN


Podríamos pensar que a pesar de los argumentos anteriores, sacados todos de la documentación de referencia, yo puedo estar equivocado en mi conclusión. En ese caso, serían los responsables de nuestra Administración y nuestros políticos, los que tienen la razón en esta polémica legislativa. Por ello, creo interesante echar un vistazo a lo que está pasando en nuestro entorno cercano.

Posiblemente, el ejemplo más significativo de que lo estamos haciendo mal y de que estamos perdiendo una oportunidad de oro para tener una
Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas moderna ye eficaz, lo tenemos en Dinamarca.

Este país, siguiendo las pautas dictadas hace ocho meses por su Parlamento Nacional, ha hecho obligatorio el uso de Estándares Abiertos en todas sus administraciones; nacional, regional y local. Del mismo modo, conscientes de la importancia que tiene una definición oficial de estándar abierto, han elaborado una, algo de lo que debería tomar buena cuenta nuestro Ministerio de Administraciones Públicas.

Ahora bien, alguien podría decir que las políticas llevadas a cabo por Dinamarca son un tremendo error, que será pagado por sus ciudadanos y su industria nacional. Desgraciadamente para los que piensen eso, según un informe del Foro Económico Mundial, Dinamarca encabeza la lista mundial de países con un mayor desarrollo en tecnologías de la información. En España, mientras nuestros políticos nos dicen que somos la séptima potencia mundial, estamos en el puesto treinta de dicha lista, algo incongruente a todas luces.

Por lo anterior, creo que está claro que algo debería cambiar en nuestras políticas tecnológicas y creo que el giro debería ser en el mismo sentido que lo ha hecho Dinamarca. Por lo tanto, en contra de los que dicen que es complicado tomar medidas de este calado en nuestra Administración, no debe serlo tanto, cuando ya hay otros países que ya lo han hecho y que además, son un claro ejemplo a seguir.

Por otro lado, uno de los motivos para rechazar la famosa Ley del Software Libre (la que posteriormente se convirtió en una tibia Proposición no de Ley), fue la imposibilidad de uso de software libre en Defensa, por unos presuntos motivos relativos a la "seguridad nacional". De nuevo, un país que está por delante de nosotros en eso que llamamos tecnologías de la información, como es Francia, está implementando, y con notable exito, soluciones basadas en software libre en la Gendarmería y en el Ministerio de Defensa. Del mismo modo, la mayor potencia militar del mundo, Estados Unidos, tiene un roadmap para migrar a software libre [pdf] aplicaciones de su Departamento de Defensa. Está claro, que frases lapidarias como la que el "software libre no es adecuado para aplicaciones de Defensa", lanzadas en determinados foros, por lobys interesados en que no prospere el software libre en la Administración, han tenido un gran efecto y un eco sorprendente en el legislador, provocando un daño irreparable en nuestros intereses nacionales.

Es evidente que para Dinamarca, Francia o EEUU, no es cierto lo que dicen las interesadas multinacionales del software. No es cierto que promocionar el software libre en sus administraciones, suponga la ruptura del equilibrio empresarial, provoque desempleo o reduzca la innovación tecnológica. Tampoco es cierto, a tenor de que lo que hemos visto antes, que "estándares abiertos" sea un concepto antagónico al de "independencia tecnológica", al contrario, es un sinónimo. 

A pesar de que hay informes y recomendaciones de la Unesco, ONU y que se unen a la documentación de la UE que hemos visto para decir todo lo contrario a lo que intentan inculcar en la mente del legislador las multinacionales, es sorprendente  de que todavía haya políticos y funcionarios públicos españoles, que en sus declaraciones y actos, se hagan eco de esas tesis de las multinacionales y olviden lo que realmente se debería tener en cuenta.  Es posible que lo que necesite la polémica LAECAP sería una enmienda a la totalidad y un giro de 180º en la dirección adecuada. 


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Decir que los estándares abiertos son un problema, es como decir
que las bases de Internet, que son estándares abiertos, son un
problema para los usuarios. (Imagen de www.w3c.org).



CONCLUSIONES

Visto lo anterior, no creo que yo esté equivocado y me reafirmo en mi tesis de que en la
Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas, no se debe usar otro término que no sea "estándares abiertos".

Para lograr una administración económica y que cumpla con los principios de eficacia y eficiencia, tal  como se dice en la legislación española, de acuerdo con la Proposición no de Ley de fomento del Software Libre, en la Administración y con independencia de que la administración sea Central, Autonómica o Local, se debería utilizar de forma preferente software libre, o de fuentes abiertas. Software, que también se debería poner a disposición de otras administraciones y de los ciudadanos. No es lógico que se tenga que pagar una y otra vez por un desarrollo que ha sido financiado desde la Administración y que puede ser útil para otras administraciones, empresas o ciudadanos. Recordemos que este software lo pagamos entre todos.

Las declaraciones contrarias a estos principios, por parte de destacados representantes de los Ministerios que tienen competencias en lograr la interoperabilidad, o lo que es lo mismo, que son responsables de implantar los estándares abiertos y el software de fuentes abiertas en la Administración, no dejan de preocuparme seriamente. Yo soy consciente de que
estos objetivos de interoperabilidad entre  las administraciones y con los ciudadanos,  son estratégicos para el desarrollo social y económico del país, pero es algo que desgraciadamente no todo el mundo lo ve así. El resultado de estas posturas, es que parece que no viajamos en la misma dirección que otros países europeos y lo que es más grave, parece demostrado que no lo hacemos en la dirección más adecuada.

Olvidarse de los estándares abiertos y del software libre en el Proyecto de Ley, no es solamente ir en contra de lo que dice la Unión Europea y otras organizaciones multinacionales, es ir en contra de la lógica más elemental y desde mi punto de vista, solamente puede ser fruto de un ejercicio de demagogia inadmisible, de un injustificable desconocimiento del marco de referencia a aplicar, o de hablar en nombre de multinacionales. De ser así, la Ley resultante puede ser perjudicial para el desarrollo nacional y para los intereses de los ciudadanos, como desgraciadamente ya lo han sido otras decisiones tecnológicas tomadas en este país con anterioridad a esta.

También espero que si alguien me quiere convencer de lo contrario de lo que aquí expongo, intente, en la medida de lo posible, utilizar documentación y hechos, que como mínimo, tengan el mismo rango de los que he utilizado yo para ilustrar este artículo. Evitemos que sea cierto eso que dice Landero, el famoso escritor: "En España se opina mucho y se piensa poco".


"Copyleft 2007 Fernando Acero Martí­n. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved".
Tags: estándares abiertos, hispalinux, jordi sevilla, laecap, software libre
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