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La experiencia no ha tenido los efectos esperados

La experiencia no ha tenido los efectos esperados

Publicado en Kriptópolis 10 abril 2007.


A pesar de lo que puedan pensar algunos, cuando escribí mi artículo "Me cuesta pensar que estoy equivocado: LAECAP", no era precisamente camorra lo que estaba buscando. Cuando he nombrado a algunas personas, es por que he considerado que ellas tenían la información relevante, es decir, que eran las fuentes más cualificadas para rebatir o comentar lo que yo pensaba y desarrollaba, mi intención no era señalarlas con el dedo. Como le comenté el otro día a José Manuel, el editor de Kriptópolis, en un correo electrónico, soy un padre de familia preocupado por el mundo que le dejo a mis hijos y en definitiva, hago lo que puedo en algunos temas que me preocupan, ni más ni menos.

Sin embargo, ya han pasado casi 15 días de la publicación del artículo y como dice el título de este, el primero no ha tenido los efectos que esperaba. De verdad, esperaba que alguien me dijera que en base a tal o cual estudio, o en base a tal o cual experiencia, yo no tenía razón, o que al menos, me demostrase que había determinados riesgos asociados a mi propuesta, pero nada de nada. Es decir, que después de tan enconada resistencia a aceptar los "estándares abiertos", la "neutralidad tecnológica" y la "compartición de código" por parte de destacados funcionarios, políticos, e incluso, por parte de algunos insignes miembros de mi querida blogoesfera, esperaba que detrás de tanto despliegue, hubiera algo más que opiniones sin fundamento y pareceres personales más que discutibles y discutidos. Sinceramente, esperaba que alguien pudiera aportar argumentos lo suficientemente sólidos, como para hacerme cambiar de opinión, o al menos, que me hicieran poner en una duda razonable mi postura de partida.

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La compartición de código es algo que se debería considerar seriamente en la Administración, es algo que permite maximizar los principios de economía, eficacia y eficiencia que deben regir en toda administración.

Sin embargo, lejos de obtener eso, lo que he recibido son simple opiniones contrarias, ni siquiera nadie se ha molestado en recurrir a esos estudios "pseudocientíficos" que pagan algunas multinacionales para justificar lo injustificable, al menos, hubiera sido un buen intento. Eso sí, he recibido grandes cantidades de opiniones, que en la forma de frases lapidarias, hacen temblar al más templado en primera instancia, pero que no soportan el más mínimo análisis, es lo que vulgarmente se llama "FUD. Pero además de opiniones, también ha habido  algunos despropósitos y se ha llegado a señalar a funcionarios y usuarios, como presuntos responsables de un eventual fracaso ante la adopción de los "estándares abiertos" en la Ley. Es evidente, que semejante despropósito no tiene fundamento lógico o científico.

¿Por qué estoy tan seguro de mi última afirmación?. Es sencillo, en otros países mejor situados que el nuestro en las nuevas tecnologías y en la innovación tecnológica, como por ejemplo Dinamarca, que es un claro ejemplo a seguir, ya se ha tomado esa decisión de usar "estándares abiertos" sin que ello haya supuesto, como argumentan los detractores de mi tesis, un problema para sus legisladores, empresas, ciudadanos o funcionarios. Por lo tanto, lo que defiendo y justifico, no solamente es posible, si no que además y visto lo visto, es algo positivo para todos.

Lo que más me duele, es que posiblemente esas mismas personas que se niegan a aceptar los "estándares abiertos" o la "libre compartición del código entre administraciones y ciudadanos", si se hubieran detenido a leer y estudiar documentación a la que hago referencia en mi artículo, estoy casi convencido de que defenderían mi misma postura. Documentación que todo hay que decirlo, viene del MAP y de la Unión Europea, ni más ni menos.

Alguien podría pensar, que el tener razón sería motivo de alegría por mi parte, pero no es cierto, me considero un buen ciudadano y lo que me provoca realmente es preocupación y cierto desasosiego con dos conclusiones que rondan mi mente:

a) No hay argumentos suficientemente sólidos para justificar la actual redacción.
b) Tampoco hay argumentos suficientemente sólidos para no aceptar las enmiendas propuestas.

La impresión que me da, es que se aprueban o inician procesos legislativos de forma demasiado compulsiva. En un momento en el que vemos como fracasan iniciativas legislativas, iniciativas que incluso generaron polémica social, o que se aprobaron tras hacer una amplia interpretación de la Carta Magna que al final recortaban derechos constitucionales, no creo que sea el mejor momento para legislar basándose en opiniones, frases lapidarias, "ideas felices" o "ideas fuerza" de lobbys interesados. Lo peor de todo, es que cuando se comprueba que una Ley no tiene los efectos deseados, lejos de dar marcha atrás, se intenta dar una nueva vuelta de tuerca en el mismo sentido, sin pararse a pensar el motivo del fracaso legislativo y la forma de corregir la situación. De las leyes fracasadas no hablaremos aquí, ya que hay opiniones para todos los gustos en la blogosfera, algunas muy polémicas y estoy seguro de que a todos los presentes se nos viene alguna de estas leyes a la cabeza, por lo que seguiremos con la LAECAP, que es lo que me importa en este momento.

¿Cuáles son los motivos por los que es tan complicado para los implicados justificar su postura y defender esta Ley?, bueno aquí entramos en el terreno especulativo ya que no he estado presente en su redacción, pero hay algunas pistas. Intentaré no personalizar en mis valoraciones para que nadie diga que lo que busco es polémica. Si miramos en la página Web del MAP en la que se presentó el Consejo Asesor de Administración Electrónica, hay cosas inquietantes, que bien podrían dar explicación a la situación que he detectado.

El consejo asesor está formado por 19 personas, entre las que se encuentran 12 vinculadas a empresas destacadas y un único representante de una asociación, además hay un experto en derecho, un consultor, y un Director de Informática de la Comisión Europea. Sin duda hay un elevado e injustificado porcentaje de empresas, si además, consideramos que algunas de ellas tienen claros intereses en que la Ley tenga una determinada redacción. Para mi es evidente que alguna empresa puede preferir la redacción de "estándares internacionales reconocidos" frente a "estándares abiertos", por lo que no haré más énfasis en este punto ni señalaré la empresa. También parece que el que seleccionó a estos miembros estaba convencido de que pertenecer a una gran empresa o ser el más alto directivo de la misma, automáticamente te convierte en el mayor experto en todas las materias relacionadas con su actividad empresarial, si es así, craso error pienso yo.

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Reunión del Consejo Asesor de Administración electrónica (Fuente: Página Web del MAP).

Pero también veo serias contradicciones en la presentación, mientras que en un sitio se dice "Las personas designadas integran este órgano a título personal", en otro, se dice "Con este nuevo órgano el Gobierno incorpora por primera vez a la sociedad en el desarrollo de la administración electrónica con la participación directa de los actores principalmente involucrados en ella: ciudadanos y empresas." No hay que pensar mucho, para llegar a la conclusión de que ambas frases dicen cosas incompatibles. Además, no se dicen las cosas como se debiera, mientras que entiendo que los ciudadanos, asociaciones sin ánimo de lucro y funcionarios puede estar involucrados y ser lo suficientemente desinteresados como para buscar el bien común de la sociedad, las empresas, son entes interesados. A las empresas y más a las que se han seleccionado, les puede interesar una determinada redacción, que no sea la que "más beneficie a la sociedad". Reconozco que solamente es una duda, pero también deberán reconocer los lectores, que esta, es más que razonable.


Me preocupa que el problema se centre en una equivocada percepción de lo que es o debe ser un equipo plural o multidisciplinar, o en las competencias que debe tener un Consejo Asesor en el desarrollo de un Proyecto de Ley. Evidentemente no basta con opinar por muy "experto" que se sea en la materia, la opinión ha de ser sincera e independiente, orientada a una finalidad muy clara que es el bien de la sociedad. Pero también hay que estar muy seguro de lo que se dice y del impacto que tendría en un determinado artículo de la Ley, para no dar un paso en falso, ya que es muy sencillo caer en silogismos y en falacias conceptuales cuando se legisla y no se establecen las cautelas necesarias.

Desde mi punto de vista, que es muy particular lo reconozco, cuando se concibió el Consejo Asesor de Administración Electrónica, se pensó que era una buena idea reunir a personas con distintas motivaciones. Sin embargo, creo que lo único que se logra con ello, es eso que decía Nietzsche, "Una causa no justifica una guerra, pero una guerra justifica todas las causas". Es decir, con este arreglo de una asociación y doce empresas, es posible que logre un producto legislativo que es una solución que "agrada a todos" los presentes y que por ello, se basa en simples opiniones, en lugar de en sesudos y contrastados estudios independientes y fácilmente defendibles contra viento y marea. Ante la necesidad de consenso, no cabe otra solución que negociar y ceder y en ese caso, la Ley no nacería sobre sólidos cimientos intelectuales y sería una solución de compromiso, difuminando el verdadero objetivo y la finalidad que debería tener para la sociedad a la que está destinada.

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Portada de Univision.com.


Yo creo que lo que hace falta realmente, es un grupo de gente con conocimientos plurales, pero con una única motivación, que es la de desarrollar la mejor Ley que sea posible para la sociedad. Ojalá me equivoque, pero me cuesta pensar que una persona, que es un alto cargo de una empresa con sus intereses empresariales en lo que pueda decir o no una Ley, pueda actuar con independencia y menos, si su participación en el Consejo es en calidad de directivo de dicha empresa, como se desprende de la página del MAP. Que conste que con ello, no quiero que parezca un ataque personal hacia alguno de los integrantes del Consejo Asesor, para ellos, todo mi respeto. Yo sostengo que el producto que se pueda obtener de ese órgano, por la forma en la que se ha concebido y que ha funcionado en el desarrollo de esta Ley, puede que no sea el más adecuado para la sociedad.

Es evidente, que
no se puede ser experto y tener intereses al mismo tiempo, dos roles son incompatibles en una misma persona. Sin duda, hay más expertos en las nuevas tecnologías en España, en empresas que no tienen esos intereses tan grandes en una determinada redacción de la Ley y que podrían haber sido más adecuados, si es que es indispensable representación de las empresas o la presencia de expertos empresariales. Pero yo también sostengo que es posible que las empresas no pinten nada en la redacción de un Proyecto de Ley en un país democrático, sobre todo, si pertenecen a multinacionales, o sobrepasan su función asesora, para pasar a un papel de redactor. Como se dice en otra página del MAP "Este grupo de trabajo elaborará también el primer borrador de la futura Ley de Administración Electrónica". Si así ha sido, aquí tenemos la explicación a muchas cosas.

Es más, justificar que los intereses del pueblo son los mismos que los de las empresas, o que el procedimiento de toma de decisiones de la empresa, es valido para el proceso de desarrollo legislativo, creo que es un grave error que siempre se acaba pagando. Para mi está claro, no se puede servir Dios y al Cesar al mismo tiempo. Lo que es bueno para Dios, no es bueno para el Cesar y viceversa,  eso lo sabemos ya desde hace más de 2000 años.


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Portada del libro "Company" de Max Barry.

Pero quiero ser constructivo, creo que con el espíritu de la Constitución en la mano, este Consejo Asesor de la Administración Electrónica, debería haber estado integrado por asociaciones. Asociaciones de las que se habla en la Ley 1/2002, que son sin ánimo de lucro. En España hay muchas asociaciones de este tipo, que representan perfectamente a todos los sectores de la sociedad, lo que incluye a las empresas y que están llenas de expertos independientes, que podrían haber realizado este importante trabajo con rigor y eficacia.

He de decir, que desde que entré en contacto con esa Ley, lo que fue a raíz de mi pertenencia a la Junta directiva de Hispalinux quedé impresionado por su bella exposición de motivos, que siempre me animó a seguir en la brecha. Aquí una pequeña muestra de lo que digo:

"La presente Ley reconoce la importancia del fenómeno asociativo como instrumento de integración en la sociedad y de participación en los asuntos públicos ante el que los poderes públicos han de mantener un cuidadoso equilibrio, de un lado en garantía de la libertad asociativa, y de otro en protección de los derechos y libertades fundamentales que pudieran encontrarse afectadas en el ejercicio de aquella.".

"Resulta patente que las asociaciones desempeñan un papel fundamental en los diversos ámbitos de la actividad social, contribuyendo a un ejercicio activo de la ciudadanía y a la consolidación de una democracia avanzada, representando los intereses de los ciudadanos ante los poderes públicos y desarrollando una función esencial e imprescindible, entre otras, en las políticas de desarrollo, medio ambiente, promoción de los derechos humanos, juventud, salud pública, cultura, creación de empleo y otras de similar naturaleza,...."

Estas ideas no son más que el reflejo y el desarrollo lógico, de lo que aparece en el artículo 22 de nuestra Carta Magna. Para mi, es patente que ese importante papel en el ejercicio activo de la ciudadanía, la consolidación de la democracia y en la representación de los intereses de los ciudadanos, que tienen las asociaciones sin ánimo de lucro, nunca ha tenido parangón, ni lo tendrá, en las empresas o en las asociaciones de empresa, por mucho que se quiera camuflar que su participación en un foro es positiva.

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Las asociaciones son los interlocutores válidos ante el Gobierno y la Administración.


Por ello, es por lo que considero que las empresas sobran en una Consejo Asesor, puesto que creo demostrado, que no hacían falta y que ese era un espacio reservado y de forma muy especial, en la Ley y en la Constitución, para las asociaciones sin ánimo de lucro. Recordemos que también hay en dichas asociaciones, expertos que pertenecen a empresas de las actividades más diversas y que están perfectamente capacitados para comprender y plasmar en el proyecto la problemática de las empresas, pero sin caer en los intereses meramente económicos de algunas de las que están ahora representadas.

"Copyleft 2007 Fernando Acero Martí­n. Verbatim copying, translation and distribution of this entire article is permitted in any digital medium, provided this notice is preserved".
Tags: argumentos, consejo asesor, hispalinux, laecap, ley, map, proceso legislativo
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